EDITORIAL
Rectificación a medias
Por votación de 17 a 4, la Corte Plena dio marcha atrás a la desatinada decisión de investigar al fiscal general, Jorge Chavarría
Celebramos que la Corte haya encontrado una salida al embrollo, pero la solución está lejos de ser un triunfo para la democracia y el Estado de derecho
11:09 a.m. 06/07/2011
Por votación de 17 a 4, la Corte Plena dio marcha atrás a la desatinada decisión de investigar al fiscal general, Jorge Chavarría, quien había ordenado rastrear las llamadas telefónicas de la diputada Gloria Bejarano para saber si hubo comunicaciones entre ella y dos magistrados de la Sala III antes del fallo definitivo del caso ICE-Alcatel, donde figuraba como imputado el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, esposo de la legisladora.
El rastreo no produjo prueba alguna de contactos indebidos y Chavarría gestionó la desestimación del caso, pero los magistrados que se sintieron aludidos presentaron una queja ante la Corte Plena, cuyos miembros decidieron abrir la investigación y se la asignaron a su colega Luis Guillermo Rivas, de la Sala Primera.
La decisión, adoptada el 30 de mayo, causó revuelo por sobradas razones. Por una parte, constituía un asalto contra la independencia funcional del Ministerio Público, un órgano desconcentrado en cuyas actuaciones no tiene injerencia autoridad administrativa alguna. En segundo lugar, la determinación exudaba el tufillo del privilegio y defensa de un inadmisible fuero especial. Para colofón, los magistrados cometieron el error de poner el asunto en manos de un miembro de la Corte Plena y no de la Inspección Judicial.
La anulación del acuerdo, gestionada por el magistrado Ernesto Jinesta, de la Sala Constitucional, fue recibida con agrado, pero, vista en detalle, dista mucho de resultar satisfactoria y acorde con las correctas pretensiones de su promotor. La investigación contra el fiscal general fue anulada por una sutileza jurídica y no porque la Corte haya reconsiderado el tema de fondo y decidiera restituir el respeto a la independencia funcional del Ministerio Público.
En la sesión del martes, los magistrados cayeron en cuenta del error cometido al encargar la investigación a un colega y no a la Inspección Judicial. El defecto implicaba la nulidad del acuerdo y la Corte Plena encontró que no había forma de rectificar porque el plazo venció el 30 de junio. En consecuencia, el jefe del Ministerio Público se salvó por la conjunción del error inicial y el fatal transcurso del tiempo.
Celebramos que la Corte haya encontrado una salida al embrollo, pero la solución está lejos de ser un triunfo para la democracia y el Estado de derecho, como la calificó Chavarría con excesiva generosidad. La Corte Plena más bien se reserva, para el futuro, la posibilidad de investigar al fiscal general en idénticas circunstancias. Es cuestión de hacer bien el nombramiento del órgano director del procedimiento administrativo, antes de que opere la prescripción. A fin de cuentas, la competencia desconcentrada del Ministerio Público queda en entredicho y así su independencia.
Queda también un sinsabor porque la anulación del acuerdo se da tras el escándalo y la reacción indignada de la opinión pública. También llama la atención que el defecto en el acto de abrir las pesquisas fuera tan elemental y evidente como el hecho de habérselas encargado a un magistrado y no a la Inspección Judicial. Si la Corte Plena –integrada por los 22 jueces de más alto rango– es incapaz de detectar semejante desacierto antes de cometerlo, sobran motivos para la preocupación.
La Corte sale del incidente como perdedora neta y eso nadie debe celebrarlo. El Poder Judicial, su legitimidad y la confianza depositada en sus decisiones son pilares del sistema democrático. Nadie gana cuando sufren menoscabo. Como lo señalamos en un editorial anterior, los magistrados desperdiciaron la oportunidad de exhibir como blasón la independencia del Ministerio Público y demostrar su voluntad a someterse personalmente a la ley, sin privilegios ni ventajas.
El fiscal Chavarría hizo bien al enfrentársele a la Corte Plena mediante sus valientes declaraciones y la presentación de un recurso de amparo. No es poco el mérito de oponerse a un poder tan formidable y no puede haber mejor demostración de independencia del Ministerio Público. Por esa vía, don Jorge conquistará la confianza del país y hará un gran servicio a sus instituciones.Tomada del periódico la Nación de Costa Rica.
En abril su salario fue de 4.663.565 colones. A partir de mayo, quedó en 6.648.781 colones. El “reajuste” fue de 1.985.216. ¿Cuál reajuste? Fue un aumentazo salarial de, nada más y nada menos que un ¡42%!
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