LOS PUERTOS SON DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO, NO SE PRIVATIZAN NI SE REGALAN

Sociedades portuarias

• Una alternativa para la creación y distribución de riqueza

Rafael Elías Madrigal*

La competitividad de los puertos de Limón y Moín es un tema que trasciende el interés de los limonenses. Es, ciertamente, un tema país.

Hay aspectos en que deberían coincidir la ciudadanía y los usuarios de los puertos. En primer lugar, la modernización de las instalaciones actuales es una prioridad, en lo que se refiere esencialmente a equipamiento. Asimismo, la ampliación de los actuales muelles es urgente. El crecimiento previsto en el volumen de comercio hace presumir que la demanda de servicios portuarios será suficiente para justificar esta ampliación.

Alrededor del tema de puertos, sin embargo, se ha venido promoviendo un discurso privatizador, impulsado con campañas promocionales, ofertas de incentivos económicos a los trabajadores y acciones legales. Toda esa prédica llevaría a la creación de monopolios privados en vez de promover la competencia. He escuchado de los más altos jerarcas de Japdeva afirmar que de no darse en concesión también las actuales instalaciones la operación a cargo de esa institución quebraría en cinco años o menos. Nadie podría dar por descontado lo que no ha sucedido, y menos aún, cuando la experiencia demuestra lo contrario. Si no, ¿cómo es que las universidades públicas compiten exitosamente con las privadas? Sucede lo mismo en todos los demás niveles educativos. ¿ O cómo es que los bancos públicos han tenido tanto éxito frente a la banca privada? ¿Y qué decir de lo que sucede en el campo de la salud? Lo mismo ocurre en el transporte interno de pasajeros y de carga, con el resucitado ferrocarril. Habrá que ver lo que sucederá con el ICE y el INS en el nuevo contexto de apertura, pero lo cierto es que nadie en su sano juicio espera que esas instituciones vayan a la quiebra. Pareciera entonces que en algunas áreas es bienvenida, o tal vez inevitable, la competencia, pero no se promueve para los muelles. No debemos olvidar que seguramente la mejor herramienta para optimizar la competitividad de una empresa es precisamente la competencia.

Alternativa. Frente a esa propuesta monopólica resultaba conveniente y necesario, además, plantear alternativas para la apertura de los puertos, brindando al empresariado nacional y a la ciudadanía en general la posibilidad de invertir en esa atractiva actividad. En esa coyuntura surge el proyecto de ley para la creación de Sociedades Portuarias (Expediente 17312), que propone la concesión a manos privadas de una segunda etapa de los puertos del Caribe, ofreciendo a usuarios del puerto, así como a bancos, cooperativas, asociaciones solidaristas, empresas públicas, municipalidades y a la ciudadanía en general, la posibilidad de invertir en una actividad rentable y segura. El proyecto supone también la creación de una Autoridad Portuaria con las facultades y calidades técnicas que son propias de ese tipo de entes.

La idea propuesta en el proyecto, en resumen, supone la modernización de las actuales instalaciones portuarias, sobre todo en equipamiento, para colocar esta operación en condiciones competitivas. Dichas instalaciones continuarían siendo operadas por Japdeva. Razones de tipo constitucional impiden concesionar este segmento del negocio. Por otra parte, la ampliación de los muelles constituye una segunda etapa, que podría ser concesionada al sector privado, para lo cual se aplicarían los postulados del presente proyecto de ley. La propuesta se complementa con el establecimiento de reglas claras que promuevan la competencia en igualdad de condiciones entre los operadores del sector público y del sector privado. El usuario podrá entonces escoger al operador portuario con el mejor servicio y las tarifas más competitivas. De esa forma, los grandes ganadores son los usuarios del puerto, los accionistas del proyecto, y el país en general.

Las experiencias positivas de otros países latinoamericanos que han adoptado esquemas de apertura y administración portuaria similares constituyen un elemento de soporte a la presente propuesta, pues no estamos hurgando en la oscuridad y la incertidumbre, sino tomando lo mejor de latitudes cercanas y similares, y proponiendo alternativas para el manejo de lo nuestro.

Por otra parte, debemos tener plena confianza en la capacidad de nosotros mismos, los costarricenses. Hemos demostrado que somos capaces de asumir retos importantes. De hecho, como país, hemos construido la infraestructura portuaria hoy disponible. Contamos con personal humano capaz de operarla con eficiencia. Lo que echamos de menos es la herramienta básica, el equipamiento que permitiría mejorar la competitividad. El país cuenta con suficientes recursos financieros que se podrían canalizar a este proyecto. Actualmente muchos de esos recursos son invertidos fuera del país, entre otras razones, por la falta de oportunidades atractivas de inversión en el mercado local.

Fórmula muy costarricense. La reciente resolución de la Sala Constitucional, que repara violaciones al debido proceso y retrotrae el procedimiento de concesión portuaria a etapas más tempranas, le da nuevo vigor al proyecto. Por eso, insto con respeto a las diputadas y diputados de los distintos partidos políticos a discutir esta propuesta de ley.

Si al país le conviene la modernización de los nuevos puertos caribeños, procedamos entonces conforme lo permite la Constitución Política, pero en un marco de competencia, en que las nuevas obras estén en manos de nacionales, al menos en una proporción mayoritaria, y en donde el sector público compita con el sector privado en igualdad de condiciones. Esa sería una fórmula muy costarricense para la creación y distribución de riqueza. Es de esperar que la competencia aportará beneficios al país y Japdeva percibirá mayores recursos para la inversión en el campo social y de infraestructura, lo que tanto anhela y necesita la Provincia de Limón.

*Exdiputado

Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.