Nota de 27 legisladores de oposición a Presidenta
Diputados temen espionaje y piden a Chinchilla intervenir
Congresistas piden certificación de que sus teléfonos no son intervenidos
Jerarca de la DIS afirma que solo investigan figuras del crimen organizado
Esteban A. Mata emata@nacion.com 10:50 a.m. 09/09/2010
Diputados de oposición temen ser víctimas de espionaje telefónico o vigilancias, y exhortaron a la presidenta de la República, Laura Chinchilla, investigar la situación y certificar que el Gobierno no incurre en esas acciones.
Mediante una carta firmada por 27 legisladores, notifican a Chinchilla sus sospechas de que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) ha realizado espionaje a políticos y, de ser así, piden que se entreguen los respectivos expedientes a los afectados.
Los congresistas no tienen la certeza de que dichos expedientes existan, pero se apoyan en la denuncia realizada el 2 de setiembre por el diputado Luis Fishman, sobre el espionaje realizado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contra el sindicalista, Jorge Arguedas.
El documento lo firman diputados de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio, Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) y el Movimiento Libertario.
Juan Carlos Mendoza, jefe del PAC, dijo estar seguro de haber sido víctima de seguimientos antes de llegar a la curul, en tiempos de la campaña en por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
“En distintos momentos sentí ruidos extraños en mis llamadas telefónicas”, recordó Mendoza.
“Hay temor de que se esté investigando e interviniendo teléfonos, y de ser espiados”, dijo el jefe del PUSC, Wálter Céspedes.
En otras. Las observaciones no son de recibo para el jerarca de la DIS Mauricio Boraschi.
El funcionario asevera que esta policía, adscrita al Ministerio de la Presidencia, no se ocupará de políticos en el tanto no estén relacionados con el narcotráfico o el crimen organizado.
La fiscala general interina, Lillian Gómez, expresó su repudio a este tipo de prácticas.
“En un estado de derecho, las comunicaciones privadas orales o escritas, por disposición constitucional, solo podrán intervenirse por solicitud del fiscal general”, señaló Gómez.
Ayer se pidió la reacción de la presidenta de la República, pero al cierre no había respondido .
Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario