Caso de intermediación financiera en firma de Conferencia Episcopal
Laicos denuncian que Iglesia Católica retuvo sus ahorros
Obispos habían asegurado haber devuelto dinero a todos los inversores
Certificados de inversión llevan firma de monseñor José Francisco Ulloa
Ernesto Rivera erivera@nacion.com 09:32 p.m. 12/09/2010
Tres laicos que depositaron dinero en una sociedad anónima controlada por los obispos de la Iglesia Católica de Costa Rica aseguran que esta se niega a devolverles ahorros por más de $300.000.
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Los reclamos los presentaron tres allegados a la Iglesia Católica quienes, durante años, colocaron su capital en una operación de captación financiera que funcionaba en Servicios Pastorales S.A.
Los inversionistas aseguran que, al intentar retirar el capital depositado en Servicios Pastorales, los empleados de esta entidad se negaron a entregarles su dinero y que no han logrado reunirse con los obispos para plantearles sus reclamos.
Aquellos son Dolores González Vásquez, quien exige el pago de dos inversiones por un total de $190.000; Hugo Howell Castro, que reclama a la Iglesia la devolución de $84.000, y Yolanda Delgado Alpízar, quien demanda el pago de $24.000 y ¢10 millones.
Todos llevaron a cabo, sin éxito, gestiones para recuperar sus ahorros ante las distintas autoridades de Servicios Pastorales. Posteriormente, dos de ellos presentaron denuncias ante el Ministerio Público.
En relación con esos dos reclamos, la Fiscalía investiga la posible comisión del delito de apropiación indebida en la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), Servicios Pastorales, sus funcionarios y autoridades.
El presidente de la Cecor y arzobispo de San José, Hugo Barrantes; el obispo de Cartago, José Francisco Ulloa, y el director de Servicios Pastorales, Marvin Benavides, no quisieron responder preguntas directas y solo contestaron un cuestionario enviado previamente, por escrito.
En esa respuesta, los obispos alegan que sus abogados les han informado de que el reclamo de esos laicos es incorrecto y que esas inversiones ya fueron canceladas.
Gestiones de cobro. El abogado de Dolores González, Claudio Hernández Guerrero, aseguró que antes de presentar su denuncia al Ministerio Público hicieron infructuosas gestiones de cobro ante el director de Servicios Pastorales, presbítero Benavides, y ante el nuncio, Pierre Nguyên van Tôt.
“Yo ahora estoy enferma y lo único que estoy reclamando es que me devuelvan el dinero que durante años deposité en la Iglesia”, declaró Dolores González.
El médico Hugo Howell consignó en su declaración ante la Fiscalía que tenía una inversión de $90.000 en Servicios Pastorales.
Howell indicó que en enero del 2008 acudió a recuperar sus ahorros, pero que el entonces director de Servicios Pastorales, presbítero Guillermo Godínez Zúñiga, le comunicó que no le pagaría pues era él (Howell) quien adeudaba a la Iglesia más de $200.000.
Howell solicitó que le documentaran esa deuda por $200.000, pero –afirmó– eso nunca ocurrió. Mientras, reclama a la Iglesia $84.000 correspondientes a su inversión.
Yolanda Delgado Alpízar delegó en su hija Sonia Barrantes las declaraciones sobre el reclamo.
Barrantes señaló que el dinero eran los ahorros familiares y que, en el 2004, su hermano Álvaro se presentó a renovar las inversiones.
Agregó que en Servicios Pastorales le notificaron que no le pagarían porque Delgado les debía dinero, pero no le dieron documentos que sustentaran esta afirmación,
En la respuesta al cuestionario escrito enviado por La Nación, el director de Servicios Pastorales afirmó que, hasta ahora, solo han recibido estos tres reclamos.
Alegan desconocimiento. En abril del 2008, una investigación periodística de La Nación reveló la existencia de una red dedicada a captar y prestar dinero por medio de las cuentas de la Iglesia Católica.
Desde entonces, los obispos han alegado que esas operaciones financieras se llevaron a cabo sin su consentimiento.
Ramón Jiménez Castro, quien fue socio del exadministrador de Servicios Pastorales Jorge Torres y cliente de esta firma, declaró ante el Ministerio Público que el sacerdote Godínez conocía de las operaciones de créditos a laicos con dineros de la Iglesia.
En el mismo sentido testimonió ante los fiscales Warner Castillo Villalobos, quien laboró durante 30 años para Cecor. Según Castillo, los obispos Ulloa y Ángel San Casimiro –titular de la diócesis de Alajuela– también sabían de la existencia de esas operaciones financieras.
Sobre el reclamo de esos laicos, el presidente de la Cecor, Hugo Barrantes, expresó: “Cualquier costarricense tiene derecho a presentar una denuncia. Ello no significa que tengan razón”.
Firma de obispo. Ulloa, Barrantes y San Casimiro aducen ser víctimas de un desfalco efectuado por un contador (ya fallecido) y que ignoraban que en las cuentas de la Iglesia se captaba y se prestaba dinero.
Los denunciantes aportaron al Ministerio Público comprobantes originales en los que aparece la firma de monseñor Ulloa, quien aceptaba la captación del dinero.
Los documentos se firmaron en agosto del 2005 y los cupones de interés que devengaban vencían a mediados del 2006.
Entonces, Ulloa fungía como presidente y apoderado de la Cecor, y era miembro de la junta directiva del Grupo Sama, por medio de cuya estructura financiera se invertía el dinero captado al público.
Los documentos con la firma del obispo Ulloa detallan el monto de la inversión recibida y el interés que la Iglesia se comprometía a pagar.
Monseñor Ulloa respondió que la captación de esa inversión fue antes de que la Sugef se lo prohibiera a la Conferencia Episcopal.
En su denuncia en la Fiscalía, el entonces titular de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), Óscar Rodríguez, detalló que en diciembre del 2004 esta dependencia determinó que la Cecor “realiza actividades de intermediación financiera al margen de la legislación vigente”Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
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