GOLPISTAS ASESINOS: LA CORTE PENAL INTERNACIONAL LOS ESPERA.

Mayor represión

A medida en que va creciendo la oposición al régimen de facto, la represión militar contra los manifestantes y los núcleos de la resistencia nacional torna a ser más feroz, con saldo doloroso de personas heridas, vejadas y golpeadas, algunas de consideración y hasta de muerte. En la ciudad capital de Tegucigalpa, en la zona oriental y en el resto del país queda muy claro que, desde el punto de vista de la violencia institucional, la única forma de contener a la oposición, y, por consiguiente, dar la impresión de control del país, es mediante el empleo de la fuerza bruta y a como haya lugar. La decisión oficial de llevar al extremo la represión, no obstante el esfuerzo de la oposición para mantenerse en actitud de no violencia, es lo que hacía falta para profundizar la crisis y empujarla por la ruta de la lucha fratricida. Infortunadamente, el raciocinio parece haber desaparecido de la mente golpista. En estas condiciones resulta absurda, por no decir temeraria, la pretensión del gobierno de facto de darle largas a la restauración del orden constitucional, mediante la aplicación del Acuerdo de San José, y, con este propósito, la propuesta de “un gran diálogo nacional”, prácticamente sustitutivo de la mediación del presidente Arias. La idea del “gran diálogo” ha sido utilizado por la “clase política” por muchos años para jugarle la vuelta a las demandas y exigencias de cambio político y social para avanzar en la construcción democrática hondureña, a base de autenticidad en la representación y en la participación de la ciudadanía en el poder público y en las decisiones nacionales importantes. He allí el origen de la propuesta de la “cuarta urna” y el desencadenamiento del repudio elitista hasta desembocar en el golpe de Estado que ha sumido a la nación hondureña en el enfrentamiento político más profundo –y peligroso—de los últimos 80 años, cuya repercusión regional y continental pone de relieve la persistencia irredenta del conservadurismo ultramontano en su oposición al desarrollo democrático en Honduras y en América Latina. Por supuesto, las maniobras dilatorias para hacer fracasar la restitución del orden constitucional carecen de espacio, dada la voluntad unánime de la comunidad internacional, que ciertamente ha creado con este caso un precedente en el derecho internacional, en relación con los golpes de Estado. Sin embargo, en esta experiencia falta todavía la utilización de recursos diplomáticos más eficaces y expeditos para solventar rápidamente este tipo de crisis y prevenir situaciones de mayor desgracia, como la que se avizora en nuestro país en este momento de máxima represión. Esto es algo que debe tomarse muy en cuenta en los esfuerzos que está realizando “la comunidad internacional para restaurar la democracia en Honduras”, según palabras del embajador Llorens, de Estados Unidos, ayer en Managua, al término de un encuentro con el presidente Zelaya Rosales. Tomado del periódico El Teimpo de Honduras.