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Fallo de sala constitucional
Empresarios renuentes a incluir propinas en salarios
Confusión sobre manejo del 10% correspondiente a saloneros
Temen que ello represente una pesada carga en momentos de crisis
Irene Vizcaíno | ivizcaino@nacion.com
Publicado: 2009/07/13

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Lista de “inconveniencias” en mano, dueños de restaurantes y hoteles estudian mecanismos para evitar que la propina de los saloneros se incluya en el salario.

La preocupación surgió luego de que la Sala IV declaró inconstitucional un proyecto de ley que interpretó un artículo de la Ley de Propinas, en el sentido de que estas no forman parte del sueldo de los trabajadores de la industria gastronómica.

Este proyecto fue apoyado por diputados liberacionistas, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Movimiento Libertario.

Se opusieron los diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana y José Merino, del Frente Amplio. Ellos lo sometieron a consulta ante la Sala.

Según los magistrados, en un voto del 3 de julio, dicha interpretación “violenta el principio de progresividad en el desarrollo de los derechos fundamentales al salario y la seguridad social”.

Con esa resolución, la propina parece haber quedado enmarcada como salario y tomada en cuenta para calcular las cargas sociales.

Para Édgar Marín, presidente de la Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore), la resolución es sorpresiva. En su criterio, la propina es un impuesto que pagan los clientes sobre el servicio que se les brinda y, por lo tanto, no cabe dentro del salario.

¿Qué hacer? A su juicio, hay mucha confusión, como, por ejemplo, si corresponde a los propietarios de los establecimientos retener la propina para reportarla a la Caja Costarricense de Seguro Social en vez de entregarla de inmediato a los saloneros, como ocurre ahora.

Otra duda es si no se estará incurriendo en doble salario: uno, el mínimo de los saloneros, y otro, el adicional por la propina.

“Vamos a emprender diferentes consultas con los organismos correspondientes, el Ministerio de Trabajo, la Asamblea Legislativa, para que vengan a normalizar las reglas del juego. Si caben las acciones de inconstitucionalidad también las propiciaremos”, dijo el presidente de Cacore.

Esta organización agrupa a alrededor de 600 negocios y cadenas de restaurantes.

Pablo Solano, director ejecutivo de la Cámara de Hoteles, agregó que para este gremio la decisión representará una carga en un momento de crisis. “No quisiera, pero podría pensar en que va a agravar el desempleo, porque las empresas van a tener que reducir costos y gastos operativos”, dijo

Tomado de la Nación de Costa Rica