Informe de mayoría en Comisión de Concesiones
Diputados piden romper contrato de vía a Caldera
Documento culpa a Autopistas del Sol por problemas en taludes y asfaltos en carretera
También piden que Fiscalía investigue a funcionarios públicos responsables de obra
Vanessa Loaiza N. vloaiza@nacion.com 11:13 p.m. 17/05/2011
Tres de los siete diputados de la Comisión de Concesiones pidieron ayer que se rompa el contrato con Autopistas del Sol, empresa a la que acusan por los problemas de la nueva carretera a Caldera.
“Instar a las autoridades de Gobierno a hacer un análisis de los mecanismos posibles y la viabilidad para rescindir el contrato, ante los claros incumplimientos por parte del concesionario y que dicha empresa retribuya al Estado el daño económico y social causado”.
También pidieron que se frene la concesión de San José-San Ramón, que fue adjudicada a los mismos socios de Autopistas del Sol.
Así lo cita el informe de mayoría firmado por los diputados Víctor Emilio Granados (Accesibilidad Sin Exclusión), Wálter Céspedes (Unidad Social Cristiana), y Manrique Oviedo (Acción Ciudadana).
No lo firmaron los diputados del Movimiento Libertario, Manuel Hernández, de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, ni los liberacionistas Víctor Hugo Víquez y Fabio Molina.
Estos legisladores presentarán informes de minoría por separado.
En un documento de 122 páginas, los legisladores de oposición sostienen que la empresa concesionaria es corresponsable de los problemas en los taludes y de la calidad del asfalto de la vía de 80 kilómetros que se inauguró a finales de enero del 2010.
La carretera presentó problemas de deslizamientos desde el primer mes de abierta y un deterioro del asfalto en ciertos tramos a partir del primer año en servicio.
Asunto penal. Además de pedir la rescisión del contrato, los diputados solicitaron que el Ministerio Público investigue el accionar de otros funcionarios involucrados en el proceso de aprobación, construcción y fiscalización de la carretera.
Se trata del expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, la gerente del proyecto en el Consejo Nacional de Concesiones, Hadda Muñoz, y los exsecretarios de Concesiones Guillermo Matamoros y Luis Diego Vargas.
A ellos se suman, la contralora de la República, Rocío Aguilar, los exministros de Transportes, Karla González y Marco Vargas, y el actual jerarca, Francisco Jiménez.
Para la exministra también pidieron que se le inhabilite en cargos públicos durante los próximos diez años y que no se le otorguen consultorías por parte del Estado.
Consultada ayer por La Nación, Karla González manifestó que no se referirá al contenido del informe hasta que lo haya leído.
Tampoco fue posible localizar a la contralora, Rocío Aguilar.
Desde marzo pasado, la Defensoría de los Habitantes también había remitido este caso a la Fiscalía, donde también señalaron a Hadda Muñoz, Guillermo Matamoros y Karla González.
Además, sobre el proyecto San José-Caldera pesan una investigación por daño ambiental en el acuífero Barva y otra en el Consejo de Concesiones, para determinar si caben sanciones contra los funcionarios responsables de la vía.
No más concesiones. Los tres congresistas también solicitaron ayer que se congelen todos los proyectos de concesión de obra pública en el país hasta que se fortalezca el Consejo Nacional de Concesiones.
Al respecto, Edwin Rodríguez, secretario de Concesiones, sostuvo que la entidad inició un proceso de fortalecimiento para mejorar su capacidad de diseño, gestión y supervisión de concesiones nuevas.Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
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