Corte ordenó a militares de EE.UU. salgan de bases colombianas
Fallo puede ser burlado cambiando los soldados a otros cuarteles
El fallo de la Corte Constitucional colombiana que dictaminó el martes la anulación del acuerdo que cede siete bases militares del país para el uso de las fuerzas armadas estadounidenses incluye la orden de que dichos militares salgan de las instalaciones ocupadas.
Esa importante decisión, de un alto significado político, puede ser, sin embargo, fácilmente burlada con el traslado de las tropas norteamericanas a otras instalaciones bajo el amparo de anteriores acuerdos bilaterales, como reconocen agencias cablegráficas estadounidenses.
La propia Corte Constitucional así lo reconoce al aclarar que, si ese personal militar está en el país en otras instalaciones y por otros acuerdos anteriores al 2009, podrá permanecer.
Con el fallo, militares o contratistas estadounidenses podrían entonces simplemente cambiar de instalaciones: de las que están en el convenio del 2009 a las que están en acuerdos anteriores, dijo hoy la agencia AP.
La decisión fue tomada por seis votos a favor y tres en contra de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, la máxima instancia para dirimir asuntos de la Carta Magna.
En una conferencia de prensa en la sede del tribunal, el magistrado Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional, dijo que con la decisión, el acuerdo ahora es enviado al presidente Juan Manuel Santos para que decida si lo manda al Congreso.
El magistrado Jorge Iván Palacios, quien redactó el proyecto de fallo votado en la jornada, alegó que el convenio de cooperación con Estados Unidos era inconstitucional porque debió pasar por la aprobación parlamentaria.
Santos cuenta con mayoría en las cámaras legislativas, por lo cual conseguiría la aprobación del acuerdo.
Sin embargo, el fallo del alto tribunal implica el reconocimiento de la violación constitucional cometida por el gobierno del ahora ex presidente Álvaro Uribe en su compromiso total con la política militar de Estados Unidos que incluye la expansión de la presencia de sus fuerzas en América Latina para la amenaza a gobiernos populares de la región, en este caso directamente al de Venezuela.
La Corte tomó su decisión al analizar una demanda presentada en noviembre del 2009 por el "Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo", una organización no gubernamental, la cual alegó que el convenio firmado en octubre del año pasado entre Colombia y Estados Unidos debió ser aprobado previamente por el Congreso.
Las instalaciones amparadas por el acuerdo del 2009 eran, entre otras, las de Palanquero, a unos 100 kilómetros al noroeste de Bogotá, así como tres bases de la fuerza aérea y de la armada en la costa del Pacífico y en el Caribe.
Santos, que fue ministro de Defensa del 2006 a principios del 2009, siempre defendió el convenio, asegurando que buscaba "mejorar nuestra capacidad para luchar contra el narcotráfico y contra el terrorismo".
Brasil, Venezuela y Bolivia le formularon abiertas críticas, alegando que rompía el equilibrio de fuerzas en la región. Caracas ha dicho que se trata de un acuerdo que amenaza su seguridad interna.Tomado del periódico la Prensa de Nicaragua.
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