Cordial saludo. Distinguido pueblo de Limón, los sueños se hacen realidad, con constancia, lucha, metas bien definidas, perseverancia, planificación y mientras el régimen de los Arias permita un poco de democracia habrá esperanza en la vía democratica, consecuentemente con todo respeto les pido en nombre de la patria que luchen como buenos costarricenses.
LUCHADOR HASTA LA MUERTE.
VIVA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DE LA CLASE TRABAJADORA
LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN CORRUPTO DICTATORIAL DE LOS ARIAS.
PROGRESO CON BENFICIO SOCIAL.
DEFIENDE CLASE TRABAJADORA, MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANOS EMPRESARIOS HONESTOS.
CONOCEDOR Y VISIONARIO DE LOS PROBLEMAS DE COSTA RICA.
UN PATRIOTA NO SE VENDE NI SE COMPRA.
POLITICOS CORRUPTOS DEBEN ESTAR EN LA CÁRCEL, CORRUPCIÓN CANCER DE COSTA RICA.
“La democracia no es algo abstracto,no es que el rico le diga que vive en democracia, no es ir a elecciones cada 4 años. La democracia no es una forma política; es una forma de vida; es acceso al trabajo, estudio, salud, recreación, tranquilidad, es decir; repartir la riqueza a la mayoría, vivir dignamente solo se logra cuando la clase trabajdora tome el poder; hoy la "democracia" capitalista es para los ricos, los demás son simples esclavos modernos”
¡¡¡ BASTA, BASTA, BASTA DE CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN!!!
DESPIERTA PUEBLO, SOLO LA LUCHA ORGANIZA Y BIEN DIRIGIDA NOS HARÁ LIBRES, UNIDOS SEREMOS FUERTES Y VENCEREMOS. VIVA COSTA RICA LIBRE. NO A LOS CORRUPTOS, LADRONES, VENDEPATRIA, NO A LOS POLITICOS TRADICIONALES CORRUPTOS, NO A LA VIEJA POLITICA. NO MINERÍA, NO EXPLOTACIÓN PETROLERA.
Roger A. González Ch.Estudiante08:43 p.m.29/08/2010
Un golpe a la democracia y una piedra más en el camino hacia la modernización de Limón y sus puertos, según declaró, el pasado jueves, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, refiriéndose al fallo de la tan controversial Sala IV de nuestro país sobre la reinstalación de la junta directiva de Japdeva, la cual se opone a la modernización de sus puertos.
La Sala IV afirma que se han violado los derechos de los miembros de Sintrajap, ya que fueron destituidos de manera ilegal, aunque el 94% votó a favor. Limón se paralizó durante varios días poniendo vidas en juego, furgones quemados, carreteras cerradas, balaceras y otros acontecimientos.
Hace algunas semanas salió publicado un artículo en este mismo medio, titulado: “Tico se decide a ser pobre”, que queda como anillo al dedo, y además sería un argumento más de por qué estamos y vamos por donde vamos. Mientras tanto, vemos que Panamá amplía su canal y lo único que podemos hacer es decir: “¡Qué chiva!”. Esta resolución de la Sala IV representa un obstáculo al progreso, a poder competir, a vivir en una provincia próspera, y significa un atraso no solo para Limón, sino también para el país.
País en retroceso. Somos un país en retroceso: si puede existir algo mejor, lo rechazamos, y, si podemos estar peor de lo que estamos, lo aceptamos. Rechazamos todo lo que sea trabajo y desmentimos la frase del Himno Nacional de “vivan siempre el trabajo'”; por lo menos, en Japdeva esto no existe. Justo cuando los muelles funcionarían 365 días al año por primera vez, se viene a dar este atropello a la democracia y a la misma libertad de elección del 94%. Limón no puede seguir operando dentro del mismo sistema de anarquía que maneja Japdeva.
Luego de esta resolución, surge una pregunta: ¿Quién manda en Costa Rica: doña Laura, la Sala IV, los diputados o los sindicatos?
Soy un joven de 22 años, estudiante, con metas y propósitos en la vida, y creo que represento a la mayoría de jóvenes costarricenses que queremos un país de progreso, próspero, donde se pueda trabajar libremente, no temiendo represalias por ello.
Lo único que este fallo dará a Limón será más violencia, más delincuencia, y menos trabajo y menos progreso. En resumidas cuentas, una provincia sumida en la pobreza, atraso de todos los tipos y un 6% que tendrá buenas condiciones. No podemos quedarnos viendo cómo Limón se hunde, pues debemos ser solidarios con nosotros mismos.
La resolución de la Sala Cuarta condena a Limón a la pobreza y a la miseria. Dios bendiga a los magistrados, y ojalá que nunca dependan de un trabajo en un muelle de Limón.
Mientras todos los días cientos de conductores se juegan la vida al transitar por la carretera que comunica San José con Limón, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) apenas se encuentra alistando los contratos de adjudicación de las obras de demarcación de la vía.
La lluvia y neblina se convierten en una mezcla fatal si además se les suma la completa desorientación en la ruta por la ausencia de señales, líneas amarillas y “ojos de gato” (captaluces).
Según datos de la Policía de Tránsito, en lo que llevamos del año, 12 personas han perdido la vida en la carretera a causa de estos factores y de la imprudencia.
Carlos Acosta, director del Conavi indicó que las obras de iluminación y demarcación de la ruta 32 estarán listas en diciembre.
La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes demarcar de forma completa los 200 kilómetros de la carretera que comunica la capital con la provincia de Limón.
En esta ruta será necesaria tanto la señalización vertical como horizontal, así como la colocación de captaluces y pintura amarilla en la vía, ya que en muchas zonas es completamente nula.
Según Acosta, se encuentran preparando los contratos para que la Contraloría General de la República los apruebe y así sacar a concurso las obras.
La demarcación completa de la ruta tiene un costo de unos ¢550 millones, confirmó Acosta.
¿Qué hacer?
Jonathan Cáceres, del departamento de Operaciones Policiales de Tránsito, comentó que en casos de neblina o lluvia se recomienda no usar la luz larga.
También se debe dar la cortesía aunque no existan señales de “Ceda” o “Alto” y procurar guiarse por la línea de barrera y si existen captaluces mejor.
Cáceres agregó que siempre que se pueda, se debe evitar viajar de noche y recordar que la visibilidad nocturna es de apenas el 50 por ciento.
El secretario general de Sintrajap recibió la noticia de su restitución con “serenidad” y se puso a las órdenes de la Presidenta para abrir “un diálogo franco”
El Gobierno debe ser cauto y no olvidar que Ronaldo Blear es un dirigente con poco espacio de maniobra, defensor de tesis ya derrotadas
El desempeño del sindicato de Japdeva se ha satanizado, pero el trabajador cambió de actitud, dice en tono conciliador Ronaldo Blear, dirigente gremial restituido en su cargo el miércoles por un fallo de la Sala Constitucional. La declaración es significativa porque trasluce algún grado de aceptación de la nueva realidad, tan apartada de la obstinada oposición al cambio que hasta hace poco caracterizó a la dirigencia laboral portuaria. Cuando los duros hablan suave, es importante esclarecer las razones para no caer en equívocos.
Blear y sus compañeros de directiva fueron restituidos por una apretada decisión de la Sala IV, cuatro de cuyos siete magistrados consideraron violado el derecho al debido proceso en el trámite seguido para destituirlos. Pero el regreso al poder es precario, porque significa dar marcha atrás a un acuerdo de concesión de los puertos avalado por la mayoría de los trabajadores.
Antes de su destitución, Blear y su directiva hicieron lo posible por impedir la manifestación de esa voluntad. Una y otra vez rehusaron convocar a asamblea y denunciaron la generosa indemnización ofrecida por el Gobierno como una simple compra de voluntades. Son $137 millones a distribuir entre los mil trabajadores afectados por el proceso de concesión y la mayoría de ellos los aceptaron, no como soborno sino como retribución por el cambio de las condiciones laborales.
Son hombres y mujeres, adultos todos y capaces de decidir lo que les conviene. Así lo hicieron y volverán a tener la oportunidad de opinar en enero, durante la elección sindical ordinaria. Douglas Brenes, secretario general apartado del cargo por la decisión de la Sala IV, ya anunció el propósito de postularse en ese momento para retomar el rumbo de los últimos meses.
Ese es el telón de fondo de las declaraciones de Blear luego de conocer el fallo de los magistrados. El Secretario General recibió la noticia con “serenidad” y se puso a las órdenes de la presidenta Laura Chinchilla para abrir “un diálogo franco” con el propósito de avanzar “de una vez por todas”. Es un discurso distante de las advertencias sobre el derramamiento de sangre en caso de concesión de los muelles.
Pero Blear y sus partidarios están atrapados por cuanto representaron en el pasado. La concesión no les resulta aceptable porque, en su criterio, “no va a traer empleo a Limón”, pero la nueva realidad impone matizar el rechazo y el sindicalista se apresura a admitir la necesidad de “otro tipo de apertura”.
El diálogo ofrecido por Blear podría ser una oportunidad para probar la sinceridad del cambio manifiesto en sus declaraciones y conseguir mayor precisión en sus planteamientos. El país debe saber, por ejemplo, si los dirigentes restituidos pretenden restablecer el cierre del puerto varios días al año para observar los feriados. Por su parte, los trabajadores tienen derecho a saber si el rumbo propuesto por la cúpula sindical coincide con sus intereses, como ellos los han entendido y no como la dirigencia decida definirlos.
Pero el Gobierno debe ser cauto y no olvidar que Blear es un dirigente con poco espacio de maniobra, defensor de tesis derrotadas por sus propios representados y preso de una imagen forjada con la falta de moderación del pasado reciente. Trabaja contra el tiempo en el marco de una división intestina cuyas proporciones no le favorecen. “No se puede seguir más con conflictos internos”, declaró casi con desesperanza, pero el desacuerdo está planteado y los hechos de los últimos meses no hicieron más que profundizarlo. Cuando menos, Blear no está en condiciones de exigir exclusividad en el diálogo. Los hechos recientes demostraron la vitalidad de sectores con los cuales se puede y se debe hablar.
La presidenta Laura Chinchilla advirtió que, pese al fallo de la Sala Cuarta, el proceso de concesión de los puertos del Caribe no se detendrá. Ayer las autoridades de Trabajo afinaban los detalles para reinstalar a la anterior directiva.
El gobierno no echará atrás el proceso de modernización de los puertos del Caribe tras la resolución de la Sala Constitucional, que ordenó reinstalar en sus puestos a la anterior junta directiva del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
La polémica decisión de los magistrados deja sin efecto los acuerdos tomados por la junta directiva posterior; no obstante, la presidenta Laura Chinchilla dijo que la concesión de los muelles no se frenará.
Chinchilla manifestó ayer en conferencia de prensa que acatarán la resolución de la Sala Cuarta por el respeto al Estado de derecho y a la democracia.
“En cuanto lo tengamos (el fallo completo) estaremos tomando las decisiones que correspondan, pero quiero recalcar el impacto que éste tendrá en el ánimo de mucha gente que apostó con grandes sacrificios a la modernización de los puertos del Caribe. Este gobierno no va a echar atrás en modernizar y sanear los puertos”, recalcó.
La Presidenta dijo que va a necesitar la colaboración tanto de los sindicalistas destituidos como de los reinstalados, pues lo más importante es sacar adelante la competitividad de la producción nacional.
“La gente que viene para adentro tendrá que demostrar su compromiso de no echar para atrás los avances que ya Limón tiene, el trapero queda muy alto y tendrán que elevar sus acciones para garantizar que no echemos para atrás en el proceso”, recalcó Chinchilla.
Agregó que no se trata solo de un esfuerzo gubernamental enfatizando en que también los diputados y los empresarios tendrán que poner las barbas en remojo en beneficio de la competitividad, así como el fortalecimiento de la obra pública.
“Se nombró una comisión especial en la Asamblea Legislativa en materia de concesiones y queremos que quede claro que hay una gran responsabilidad de los diputados y del sector empresarial”, comentó.
FRENO A PROCESO
Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, dijo que la decisión de los magistrados solo frena las intenciones de dar en concesión las actuales instalaciones portuarias, pues el proceso para construir una terminal de contenedores en Moín continúa adelante.
Sin embargo las autoridades tienen muchas preguntas sobre la forma en que deben actuar ahora, pues hay muchas cosas que no quedarán claras hasta que se conozca la redacción total del fallo.
Con el fallo no solo se reinstala a la anterior junta directiva de Sintrajap sino que la reforma hecha a la convención colectiva también queda sin efecto.
No obstante, las autoridades creen que tampoco tendrían obstáculos para concesionar los puertos actuales, pues la anterior convención colectiva venció el 31 de diciembre de 2009.
“La gran pregunta es qué va a pasar porque si la actual convención colectiva no es válida y la anterior convención está vencida no tendría que pedirle permiso a nadie para abrir los puertos”, cuestionó el Ministro.
SEÑAL PARA LOS INVERSIONISTAS
La Presidenta de la República no ocultó su preocupación por el hecho de que el país pueda enviar al mundo una señal que ahuyente a los inversionistas por temas de inseguridad jurídica, de modo que pidió la definición de reglas claras.
“Queremos que el inversionista tenga la garantía de que este es un país que entiende y confiamos en que los procesos en Limón sigan avanzando lo antes posible”, enfatizó.
Chinchilla pidió a Sandra Piszk, ministra de Trabajo, que elabore un análisis del caso de Japdeva y recordó que esta no es la primera vez que la Sala Cuarta cuestiona alguna decisión del Poder Ejecutivo o Legislativo.
La mandataria comentó que está en proceso de abrir el diálogo con Ronaldo Blear y Douglas Brenes.
“No creo que haya personas con intención de violentar los procesos sino de procurar el fortalecimiento de los puertos, lo que se impone es un llamado a los sectores, hay muchas vías, hay procesos como estos que no se acaban cuando una administración sale y otra entra”, concluyó.
HACEN CAMBIO
Precisamente desde ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hacían los cambios que ordena el fallo de los magistrados.
La ministra Piszk confirmó que trabajan para anular la inscripción de la junta directiva que se encontraba vigente y cumplir con lo ordenado por los magistrados.
Sin embargo no basta con volver a inscribir a los anteriores directivos sino que también se deben hacer otros ajustes.
“Con la sentencia lo que tenemos claro es que reinstala la anterior junta directiva, se anula la inscripción que se había hecho en el Ministerio y se anulan los acuerdos del 8-15-29 de enero anterior que se referían al cambio de modelo y al tema de los $137 millones de indemnización”, explicó.
Para Piszk lo más prudente es esperar para conocer la redacción completa del fallo de los magistrados.
“Lo más prudente es esperar a lo que diga la Sala porque al haberse anulado la junta directiva nueva pareciera que los productos derivados de esa junta no rigen, sin embargo nos parece que lo más prudente es esperar a ver qué sucede con el voto y cuál es el redimensionamiento que hace la Sala de esto”, indicó.
LARGO CAMINO
Marzo 2008: Gobierno promociona concesión.
Octubre 2008: Sindicalistas rechazan indemnización de $80 millones.
Mayo 2009: Oferta de indemnización aumenta a $137 millones.
Junio 2009: Grupo mediador y sindicato se enfrentan.
Octubre 2009: Denuncian a sindicato por negarse a hacer asamblea.
Enero 2010: Destituyen a dirigentes y aprueban concesión de puertos.
Enero 2010: Líderes destituidos toman el Ministerio de Trabajo.
Febrero 2010: Ministerio de Trabajo inscribe nueva junta directiva y sus acuerdos.
Agosto 2010: Sala Cuarta ordena reinstalación de anterior junta.
ANÁLISIS POPULAR
¿Qué piensa del fallo de la Sala Cuarta que restituye a la anterior directiva de Sintrajap?
Alex Martínez “Yo creo que siempre y cuando trabajen por la provincia no importa quién esté”.
Gustavo Ramírez “Es un juego porque quitan a una y ponen a otra. Debería respetarse la decisión de los trabajadores y que ellos escojan a los que quieren”.
Willie Brown “Yo creo que depende, quien ame a Limón lo va a proteger. Ojalá estas personas piensen en la provincia y velen por más empleos”.
Miriam Fairclough “La verdad a mí me da igual quién esté. Yo lo único que pido es que piensen en los trabajadores, que al final son los que más necesitan de Japdeva. Ojalá el regreso de la junta sea para bien”.
• Afirma Ronaldo Blear, secretario general del Sindicato
Los restituidos sindicalistas acudieron a las instalaciones de Sintrajap para tomar posesión de ellas, pero llegaron a un acuerdo para esperar al levantamiento de un acta.
La reincorporación de los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) por orden de la Sala Constitucional fue asumida de inmediato por la anterior junta directiva.
Los representantes de los trabajadores limonenses recorrieron las calles ayer en la mañana, celebrando la noticia, y se dirigieron a las instalaciones del edificio de Sintrajap para tomar posesión de él.
Sin embargo, pese a un altercado inicial, las partes lograron un acuerdo para levantar un acta con los activos y tras estar lista se firmaría y haría entrega de las llaves.
DIARIO EXTRA consultó a Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap, sobre la posición que asumirían con su regreso al poder y dijo que “ya debemos pasar esa página. El país no creo que esté de acuerdo en que sigamos perdiendo el tiempo y nuestros usuarios y la producción van creciendo, por lo que si nos enfrascamos en discusiones inútiles cuando hay otras alternativas de diálogo, como personas sensatas e inteligentes, en procura de resolver esto y modernizar los puertos de Limón. Pero seguimos manteniendo la postura de que los muelles les pertenezcan a todos los costarricenses”.
PIERDE COSTA RICA
El recién destituido secretario general de Sintrajap, Douglas Brenes, manifestó que con el fallo de la Sala Cuarta no solo pierde Japdeva sino también Costa Rica.
Brenes recordó que el estado de abandono en que se encontraba el edificio en enero anterior, cuando fue designado en el cargo, fue solventado por los nuevos miembros, quienes invirtieron en algunas mejoras.
“Estamos aquí porque la mayoría de los trabajadores nos eligieron, pero ahora la Sala Constitucional se contradice en lo que el gobierno quería. Eso demuestra que Costa Rica es un país de derecho.
Ahora lo importante sería que se les brinde seguimiento a algunos proyectos que estábamos trabajando en pro de recuperar algunos deberes y derechos de los trabajadores”, agregó.
A esto Blear respondió que los únicos acuerdos que quedaron sin efecto son los del 8, 15 y 29 de enero, por lo que los convenios colectivos de los trabajadores aprobados antes de esas fechas se mantienen vigentes y los empleados se encuentran protegidos, además de contar con una agrupación que los representa y que va a luchar por los intereses de la clase trabajadora.
Brenes dijo que en cuanto queden oficialmente destituidos regresarán a desempeñar las funciones asignadas desde antes de su elección. “Regresamos con un sentimiento de triunfalismo. No siento que nos equivocamos, se equivocó la Sala Cuarta. Le estábamos dando un cambio al sindicalismo, muchos nos felicitaron por los logros alcanzados, como la apertura de los muelles el 15 de agosto anterior, primera vez en que se trabajó durante un feriado y en el que quedó evidenciado el compromiso de los trabajadores”, manifestó.
Para Blear, este “triunfo” que apunta Brenes fue una situación aprovechada por el gobierno para hacer mucha bulla, pero que en realidad los puertos siempre han trabajado la mayoría de los días.
“Nosotros siempre hemos tenido negociaciones con la administración y cuando los usuarios han necesitado que algún barco trabaje llegamos a un acuerdo y trabajamos”, indicó Blear.
El ex secretario se va con un sinsabor por no haber podido concluir algunos proyectos que contribuirían a la generación de fuentes de empleo para las nuevas generaciones.
“En enero de 2011 serán las próximas elecciones en Sintrajap y analizaremos si conformamos una papeleta para competir y trabajar de nuevo por la provincia”, finalizó Brenes.
• Oposición anuncia comparecencias de ministros Vargas y Jiménez
LOS ARIAS “MUY PREOCUPADOS” POR FALLO DE SALA SOBRE MOÍN
Gerardo Ruiz Ramón gruiz@diarioextra.com
Los sindicatos señalan a Marco Vargas (izq.) y Rodrigo Arias como los grandes perdedores tras el fallo de la Sala Cuarta que restituye a la anterior directiva de Sintrajap y anula el acuerdo para concesionar Moín.
El silencio fue la respuesta que dieron los hermanos Óscar y Rodrigo Arias sobre el fallo de la Sala Constitucional que restituyó a la anterior junta directiva del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
DIARIO EXTRA intentó conocer la opinión de ambos. Sin embargo el vocero de prensa de Rodrigo Arias, Pablo Guerén, dijo que “por ahora” el ex ministro de la Presidencia no se referirá al tema.
En la casa de Óscar Arias uno de sus asistentes indicó que estaba fuera y que de por sí no hablaría de la resolución.
Ambos, durante el cuatrienio anterior, impulsaron desde el gobierno la concesión de puertos de Moín y Limón a manos de una empresa privada.
PREOCUPACIÓN “ENORME”
Pese al silencio, una fuente allegada a los Arias informó a este medio que la preocupación de ambos líderes políticos es “enorme” ante las consecuencias del fallo que anula el acuerdo de entregar en concesión los muelles.
“Don Rodrigo y don Óscar creen que esta situación podría echar por tierra todos los esfuerzos que se han hecho durante el proceso de recuperación económica y social de Limón”, manifestó el colaborador arista, quien pidió el anonimato.
OPOSICIÓN FESTEJA
Como ha sido la tónica en los últimos días, las fracciones de oposición reaccionaron con una felicitación conjunta a la Sala Constitucional por restablecer la confianza en el Estado de derecho.
Los jefes de fracción de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Frente Amplio y Restauración Nacional afirmaron que ahora se impone el deber gubernamental de propiciar un diálogo nacional para buscar una salida de consenso al manejo de los puertos del Caribe.
“Los jefes de las fracciones de oposición destacan como positiva la actitud de los líderes restituidos de Sintrajap al ponerse a las órdenes del gobierno para dialogar”, se lee en un comunicado conjunto.
CENSURA CONTRA JIMÉNEZ
Las bancadas ofrecieron una conferencia de prensa ayer, en la que participaron los sindicalistas Albino Vargas, de ANEP; José Luis Castillo, de Sintrajap; y Sergio Saborío, de Rerum Novarum.
Todos los representantes gremiales coincidieron en condenar a los ministros Marco Vargas y Francisco Jiménez, quienes durante el gobierno pasado, desde la jerarquía de Obras Públicas Japdeva, respectivamente, impulsaron el proceso de concesión de Moín.
Los líderes sindicales afirmaron que ante los alcances del fallo de la Sala Cuarta, Vargas y Jiménez deben renunciar a los ministerios de la Presidencia y de Obras Públicas, respectivamente. La diputada Mireya Zamora, del Movimiento Libertario, presentó ayer una moción de censura contra Francisco Jiménez. La acción empezará a discutirse en el plenario el 9 de setiembre.
Sin embargo las bancadas fueron comedidas y no solicitaron la destitución de los ministros Vargas y Jiménez, a quienes llamarán a comparecer a la comisión investigadora creada el miércoles para indagar sobre los procesos de concesión de obra pública que llevaron a cabo el gobierno anterior y el actual
Los cuerpos de los 72 emigrantes indocumentados asesinados fueron encontrados dentro de un almacén abandonado en la ciudad de San Fernando, cerca de la ciudad de Matamoros, México.
LA PRENSA/AP/El Universal
SAN FERNANDO, México/AFP
Diplomáticos de Brasil, Honduras, Ecuador y El Salvador llegan este jueves a Tamaulipas, en el noreste de México, para identificar a los 72 presuntos emigrantes asesinados, matanza condenada por el presidente Felipe Calderón y que desnuda el drama de la emigración.
"El presidente Felipe Calderón condena enérgicamente los hechos en los que perdieron la vida 72 personas, presuntamente migrantes" en la comunidad de San Fernando, estado de Tamaulipas, informó la presidencia la medianoche del miércoles en un comunicado.
El texto subraya que esta matanza se dio "en el entorno de una lucha violenta" entre el cartel del Golfo y sus ex aliados Los Zetas, a los que acusa de extorsionar y secuestrar a los emigrantes "para abastecerese de recursos y personas" pues estarían debilitados por las acciones del gobierno.
La presidencia confirmó que se ha solicitado la asistencia consular El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil para la identificación de los cuerpos.
El cónsul brasileño en México, Marcio Lage, dijo a la AFP que la cancillería mexicana podría "enviar el jueves a agentes consulares de Brasil, Ecuador, El Salvador y Honduras" a San Fernando, donde se encuentran los cuerpos".
Militares mexicanos encontraron el martes los 72 cadáveres, 14 de ellos de mujeres, luego de un enfrentamiento con presuntos sicarios del narcotráfico y del testimonio de un ecuatoriano que sobrevivió a la tragedia y se presentó en la Armada (Marina) de México para solicitar auxilio.
Entre las víctimas se cuentan por lo menos cuatro ciudadanos brasileños, lo que será precisado en San Fernando por un cónsul de Brasil a partir de los documentos encontrados a un lado de los cuerpos, añadió Lage.
El diario Reforma publicó este jueves una imagen del lugar de los hechos en la que se observan numerosos cádaveres, alineados uno al lado del otro junto a un muro, con los ojos vendados y las manos amarradas a la espalda.
Hugo Carrillo, embajador de El Salvador en México, indicó que aún no tienen "un dato cierto" sobre los salvadoreños que podrían haber muerto y que este jueves "llegará un cónsul nuestro desde Monterrey (norte) y otro de Ciudad de México".
Una fuente de la Procuraduría General (PGR, fiscalía) en Tamaulipas explicó que, según la versión del ecuatoriano sobreviviente, un joven de 18 años, los secuestradores, a los que señala como Los Zetas, les ofrecieron trabajo como sicarios con una paga de 1.000 dólares quincenales.
Al escuchar la negativa de los indocumentados, empezaron a disparar contra ellos, añadió la fuente.
El ecuatoriano, identificado como "Freddy", fue declarado testigo protegido de la fiscalía.
Los gobiernos de la región condenaron este miércoles la masacre, y los países que tienen ciudadanos entre las víctimas anunciaron que colaborarán con las investigaciones.
"Eso es gravísimo y lamentable, pero la embajada y los consulados se han movilizado inmediatamente", dijo el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, tras una reunión en Quito con su homóloga mexicana, Patricia Espinosa.
El gobierno estadounidense, autoridades y organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo también deploraron la matanza, que desnudó el drama que viven los miles de emigrantes que cruzan el territorio mexicano para tratar de llegar a Estados Unidos.
La Comisión de Derechos Humanos de México registró en 2009 el secuestro a manos de los Zetas de 10.000 emigrantes en un lapso de seis meses.
El estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas, es escenario de una pugna entre el cártel del Golfo y Los Zetas, liderados por soldados de élite desertores.
La violencia an torno al narcotráfico ha provocado más de 28.000 muertos desde finales de 2006 y ha movilizado a 50.000 militares para combatir a los cárteles.
En los últimos dos meses y medio se registraron otros dos grandes hallazgos de cadáveres, en fosas clandestinas que las autoridades estiman fueron usadas por sicarios para deshacerse de los cuerpos de enemigos. En julio, se hallaron 51 cadáveres en una de ellas en Nuevo León (norte), y en junio se encontraron 55 en Guerrero (sur.
Declara ilegal acuerdo tomado en enero por nueva dirigencia sindical Sala IV anula acuerdo para concesionar muelles de Limón Magistrados reinstalan a vieja directiva que adversa ceder puertos Asombro e incertidumbre en Gobierno ante futuro de este proceso
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Vanessa Loaiza N.y Alonso Mata vloaiza@nacion.com 11:51 p.m. 25/08/2010
En un fallo de mayoría, los magistrados de la Sala IV anularon ayer el acuerdo tomado en enero por la asamblea de trabajadores de Japdeva para entregar los viejos muelles de Limón y Moín a un concesionario privado.
La decisión de los magistrados también dejó sin efecto la designación de la nueva junta sindical de los puertos y ordenó la reinstalación de la anterior cúpula gremial, liderada por el abogado Ronaldo Blear Blear, que adversa la concesión portuaria.
Según la sentencia 2010-14192, “se anulan los acuerdos adoptados en la asamblea general ordinaria (de trabajadores de Japdeva) realizada por Sintrajap el 8, 15 y 29 de enero del 2010”.
Precisamente, en la asamblea del 15 de enero, se realizó la votación en la cual el 94% de los trabajadores de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) avaló la concesión.
De los 687 empleados presentes, 377 decidieron emitir su voto secreto: 354 votaron a favor de la concesión (94% de los votantes), 11 se opusieron (3%) y 12 más votaron en blanco (3%).
Con las sentencias 2010-14192 y 2010-14193, los magistrados destituyeron al nuevo secretario general, Douglas Brenes, y los restantes directivos del sindicato portuario, nombrados en enero .
Ese grupo había negociado una nueva convención colectiva en la que se eliminaban todos los feriados y se garantizaba la operación portuaria 365 días al año.
También se incorporaba todo un capítulo relacionado con una indemnización de $137 millones, que iban a recibir los 1.000 empleados de Japdeva cuando los muelles pasaran a manos de un concesionario privado.
Aunque los magistrados no anularon esta convención colectiva, anoche las autoridades del Ministerio de Transportes desconocían si las disposiciones de este convenio siguen vigentes.
Shock, silencio, enojo. Lo dispuesto anoche en una votación de cuatro a tres en la Sala IV provocó estupor entre las autoridades del gobierno de Laura Chinchilla.
Francisco Jiménez, ministro de Transportes y quien comandó la negociación para concesionar los muelles, se declaró “dolido” por la decisión de los magistrados.
“Este fallo es la bofetada más grande a quienes queremos y creemos que este país debe avanzar en el beneficio de las mayorías”.
Anoche, Jiménez no tenía claro que pasará con el cartel que se estaba redactando en Japdeva para concesionar los viejos muelles.
Estaba previsto que el borrador del documento se sometiera a consulta de empresas interesadas a finales de este mes.
Jiménez sí consideró “poco probable” reactivar el diálogo con el sindicato de Blear.
El ministro recordó “que en su momento (Blear) amenazó con que correría la sangre en Limón” si se concesionaban los puertos.
Marco Vargas, ministro de la Presidencia, guardó silencio durante varios segundos, antes de poder esbozar una respuesta.
“No conozco el fallo, quisiera analizar con los asesores jurídicos para ver las consecuencias en todo el proceso de modernización de los muelles de Limón y Moín.
“Me parece que el tema es tan profundo, que sería improcedente dar una valoración de lo que significa le fallo”, manifestó Vargas anoche. Colaboraron los periodistas Irene Vizcaíno y Jairo Villegas.
Dilma Rousseff se distancia 18 puntos en campaña electoral brasileña
Podría ganar en primera vuelta
24 de agosto de 2010 | 22:22:32 |
Dilma Rousseff, candidata del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones presidenciales en Brasil EFEAumentar
La candidata del Partido de los Trabajadores (PT) para las elecciones presidenciales del 3 de octubre en Brasil, Dilma Rousseff, abrió una ventaja de 18 puntos porcentuales sobre el aspirante opositor José Serra y liquidaría el pleito en el primer turno, según un sondeo de opinión divulgado este martes.
De acuerdo con el instituto Sensus, Rousseff, de 62 años, acumula 46,0 por ciento de las intenciones de voto, contra 28,1 por ciento de Serra, de 68 años, al tiempo que la ex ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, de 52 años, se sitúa en el tercer escalón con 8,1 por ciento de las expresiones de apoyo.
Honduras debe investigar a fondo los asesinatos de periodistas, pide el IPI
VIENA (AFP) - El Instituto Internacional de Prensa (IPI) pidió el miércoles al gobierno de Honduras que investigue a fondo los asesinatos de periodistas, luego de la décima muerte violenta de un hombre de prensa, esta semana. "Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas", afirmó en un comunicado el portavoz del IPI, Anthony Mills.
"Es vital que las autoridades investiguen a fondo los asesinatos, para poner freno a la cultura de la impunidad", señaló.
El martes la policía hondureña anunció que se había encontrado el cadáver del periodista Israel Zelaya, asesinado de un disparo en la cabeza.
Con su asesinato se elevan a diez los periodistas muertos este año, recordaron las autoridades hondureñas.
Según el IPI, sólo México es tan peligroso para los periodistas, con diez asesinatos en lo que va del año.
Los diputados de las bancadas de oposición (atrás) decidieron estorbarle a Luis Gerardo Villanueva (sentado) para que cediera a la creación de una comisión investigadora sobre la concesión de obras públicas.
Por unos minutos solo los diputados de Liberación Nacional (PLN) permanecieron sentados en sus curules. Los demás legisladores le inundaron la mesa del Directorio a Luis Gerardo Villanueva, presidente del Congreso.
Los diputados de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Unidad Social Cristiana (PUSC), Movimiento Libertario y Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) decidieron “ocupar” el recinto del Congreso donde se ubica el Directorio para presionar la integración de una comisión que investigue presuntas irregularidades en la concesión de Puerto Moín a manos privadas, así como los procesos de construcción de otras obras públicas a empresas transnacionales.
Villanueva y el PLN se oponen a la creación de un panel más, alegando que los diputados ya tienen suficiente recargo de comisiones.
Los legisladores de oposición alegan que la concesión de Moín causaría un aumento en las tarifas que cobraría la empresa operadora del muelle a los exportadores nacionales, perjudicando especialmente a los pequeños empresarios.
Tras la interrupción del normal transcurso de la sesión, después de muchos gritos, ademanes violentos e increpaciones mutuas, el plenario retomó su ritmo normal.
Sin embargo, no será hasta hoy cuando los jefes de fracción tratarán de llegar a un acuerdo sobre la eventual creación del panel, en una reunión extraordinaria con el Directorio Legislativo
El proceso de concesión para el diseño, construcción y operación de la nueva terminal de contenedores de Puerto Moín ha generado polémica entre los diputados de oposición y el ministro Francisco Jiménez.
Francisco Jiménez, ministro de Obras Públicas y Transportes, desmintió ayer que el proceso de concesión para el diseño, construcción y operación de la nueva terminal de contenedores de Puerto Moín se realizara de forma atropellada, que faltara transparencia en el proceso o que éste deba ser declarado desierto al existir un único oferente, la empresa APM Terminales, como aseguraron los jefes de fracción de los partidos Acción Ciudadana, Movimiento Libertario, Unidad Social Cristiana, Accesibilidad Sin Exclusión y Frente Amplio.
“Este proceso comenzó hace 18 meses, no es algo improvisado, es un proyecto que se viene trabajando desde hace varios años y que corresponde a un Plan Maestro de Desarrollo Portuario para el Caribe, que se encuentra dividido en diferentes etapas, tal como lo recomendó la firma consultora Royal Haskoning, contratada por el Estado”, explicó.
Según Jiménez, el Plan Maestro fue presentado desde 2008 en diversos foros e indicaba que Costa Rica tenía que entrar en un proceso de modernización fuerte y acelerado de sus puertos, ya que los sobrecostos en la cadena logística de exportaciones disparaban el manejo de cada contenedor a $1.190, colocaba al país en el penúltimo lugar en materia de competitividad, únicamente superado por Nicaragua.
DESCARTAN AUMENTOS
El Ministro descartó el argumento de los diputados de oposición sobre un aumento en las tarifas por manejo de contenedores al señalar que hasta que no se evalúen las especificaciones técnicas de la oferta de APM Terminales y no se determine que cumple con todas las especificaciones del cartel, no se procederá a abrir la oferta económica.
“Se ha especulado sobre tarifas superiores a los $300 cuando existe un tope de $252, incluyendo todos los servicios, por lo que se utilizó un marco de referencia sin analizar la oferta en su contenido técnico, legal y económico. Una vez superada la parte técnica conoceremos las tarifas propuestas por el operador y a partir de ese momento, con base en un análisis de costos, se determinará si conviene o no adjudicar el proyecto a dicha empresa”, explicó.
Jiménez agregó que el hecho de que una sola empresa participara en el proceso es producto de la contracción en el mercado financiero internacional, ya que se trata de un proyecto de $900 millones al final de la concesión, además de que el cartel exigía que el oferente demostrara que tenía un capital de trabajo de inversión inicial de $180 millones y una garantía de participación aproximada de $4 millones.
El Ministro concluyó diciendo que no hay nada más alejado de la realidad que el argumento esgrimido por los diputados en el sentido que el proyecto generaría un monopolio, ya que el proceso se separó en concesión pública para la nueva obra y las instalaciones actuales mediante la Ley de Contratación Administrativa, donde los operadores deben ser diferentes.
APOYO EMPRESARIAL
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep) reiteró ayer su apoyo al proceso de modernización del complejo portuario Limón-Moín, con el fin de tener puertos eficientes a precios competitivos y con servicios de calidad mundial.
“Como empresarios hemos apoyado desde hace varios años el proceso de modernización portuario de los muelles del Caribe, ya que para mejorar la competitividad del país es fundamental modernizar la operación portuaria de Limón y Moín, ya que por ese complejo se moviliza el 80% de la carga marítima de Costa Rica”, declaró Manuel H. Rodríguez, presidente de Uccaep
Jueces: ola de represión y violaciones a derechos humanos siguen en Honduras
Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza, de la Asociación de Jueces por la Democracia. Foto Diario Co Latino/Rosa Campos
Beatriz Castillo Redacción Diario Co Latino
La ola de represión y violaciones a los derechos humanos en Honduras, continúa después de más de un año del Golpe de Estado al ex Presidente Manuel Zelaya.
Tirza Flores Lanza y Guillermo López Lone, aseguran ser víctimas de esa represión y violación a los derechos humanos, luego que la Corte Suprema de Justicia de Honduras girara una orden para suspenderlos de sus cargos de Magistrada de la Corte de Apelaciones y de juez de Sentencia de San Pedro Sula, respectivamente, el pasado mes de mayo.
“Fuimos despedidos por la Corte por nuestras posiciones en el golpe de Estado, desafortunadamente la Corte, desde el 28 de junio del año pasado, ha tratado de justificar el Golpe de Estado y nosotros que somos parte de la Asociación de Jueces por la Democracia nos pronunciamos en sentido contrario” indica Tirza Flores Lanza.
“Nosotros jurídicamente creemos que el golpe no fue una sesión Constitucional, sino que un rompimiento del orden Constitucional y democrático, y que la Corte debía defender los derechos humanos de la población. A partir de eso, hemos recibido discriminación y exclusión” agrega Flores.
Reveló que incluso, después de hacer públicas su posición y opinión, se abrieron procesos disciplinarios en octubre de 2009 y el cinco de mayo de 2010 es que llegan las órdenes de despido a cuatro jueces: Lanza, López y Ramón Barrios, juez de Sentencia y Luis Chévez, juez contra la Violencia Domestica.
De los cuatro despedidos, dos llegaron a El Salvador el domingo para reunirse con diferentes organizaciones relacionadas a velar por los derecho humanos y jurídicos.
López dijo que desde que se conoció su despido han iniciado una serie de procesos legales para pedir la restitución a sus puestos, porque no existió ningún fundamento para su despido.
Se han impulsado a criterio de ellos acciones de carácter legal y acciones de carácter político y de incidencia.
“En lo legal hemos acudido al Consejo de la Carrera Judicial que es un organismo de las apelaciones del sector, a pesar que está vinculada directamente a la Corte, pero lo hacemos por tramite jurídico. Pero también, a la par, hemos acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para demandar al Estado hondureño” explicó López.
Con la demanda ante la CIDH lo que se busca es que el caso pase a la Corte Interamericana y que posteriormente este organismo sancione al Estado hondureño y exista respuesta a las violaciones que se cometen, no sólo en el sector justicia, sino con los docentes, campesinos, la clase obrera y periodistas.
“Existe la posibilidad que acepten la demanda y que la ganemos, eso sería ejemplar, por un lado para dejar de manifiesto todas las violaciones a derechos humanos y para que la Corte haga jurisprudencia sobre la situación de independencia judicial, derechos y libertades de los jueces” acota el ex juez de Sentencia.
Explican que el Presidente Porfirio Lobo Sosa, maneja un discurso que no refleja la realidad.
“Se está manejando un mensaje intimidatorio para aquellos que no están de acuerdo con la actuación de Lobo, su gabinete y el sistema judicial”, advierten los dos operadores que accedieron a conversar con este vespertino.
El Golpe de Estado al ex Presidente Manuel Zelaya se dio el 24 de junio de 2009, expulsaron al mandatario e iniciaron un proceso de investigación en su contra, por supuestos mal manejos en su gobierno.
Sin embargo, la población se manifestó en diferentes formas pidiendo la restitución de Zelaya y que se condenara a Roberto Micheletti, quien asumió como presidente después del golpe. La restitución no llegó y el sistema político avaló el proceso de elección y Porfirio Lobo, es el nuevo presidente.
Aun después de la elección, en las calles, los miembros del Frente Nacional de Resistencia exigen la Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente. Que se restablezca el orden jurídico y democrático de Honduras.
Con la muerte de Israel Zelaya, suman 10 los periodistas asesinados en Honduras en lo que va de año, informaron hoy las autoridades.
El cuerpo del reportero fue encontrado anoche con tres disparos en la cabeza, en una plantación de cañas en las cercanías de la ciudad de Villanueva, 200 kilómetros al norte de esta capital, informó el portavoz del Ministerio de Seguridad, Leonel Sauceda.
De acuerdo con el funcionario, Zelaya había sido secuestrado y trasladado en un taxi a la zona, donde lo asesinaron.
El comentarista de 62 años trabajaba para Radio Internacional de San Pedro Sula, en el Caribe, y tres meses antes denunció que un grupo de desconocidos incendió su casa.
Con este caso se eleva a 10 la cifra de crímenes contra trabajadores de la prensa, uno de los sectores más afectados por la represión en el país tras el golpe de Estado de 2009.
Más de 300 agresiones se denunciaron contra este gremio y se reportan desde asesinatos, abusos, intimidación, censura y hasta cierre de medios.
Sólo en el primer semestre de 2010 perdieron la vida de manera violenta nueve periodistas, mientras que otros debieron salir del país tras recibir amenazas.
No obstante, sólo dos hombres están en la cárcel por supuestos vínculos con los crímenes.
Las víctimas son Joseph Ochoa, del canal 51; David Meza, de Radio El Patio; José Bayardo Mairena y Víctor Manuel Juárez, de Radio Súper 10 y Nahum Palacios, de la Televisión del Aguán.
También fueron asesinados Luis Chévez, de la emisora W105; Georgino Orellana, de un canal de San Pedro Sula y Nicolás Asfura, periodista radial.
Aunque los principales miembros del círculo de poder del régimen sandinista en la década de los ochenta —tanto disidentes como orteguistas— aleguen ahora que desconocían sobre las andanzas de Pablo Escobar Gaviria en el país, siguen apareciendo testimonios acerca de los coqueteos del gran capo de la droga con los comandantes de la época, principalmente con el entonces jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS), Humberto Ortega Saavedra.
Los testimonios provienen de gente muy cercana a Escobar, como su antigua amante Virgina Vallejos; su hijo Juan Pablo Escobar, quien ahora se llama Santiago Marroquín, John Jairo Velásquez, alías “Popeye”, uno de sus más fieles lugartenientes, y las recientes revelaciones de Alba Marina Escobar, hermana del “Patrón”, como era conocido el capo.
Escobar murió acribillado por las fuerzas especiales de la Policía colombiana el 2 de diciembre de 1993.
Alba Marina, en su libro El otro Pablo indica que su hermano y Humberto Ortega eran socios en los negocios que el capo tendría en Nicaragua en los años ochenta.
La revista Semana hizo a Alba Marina una entrevista sobre el libro, en la cual se refirieron a las revelaciones hechas por ella sobre la relación de su hermano con los hermanos Ortega.
Semana: Su libro tiene una gran revelación: que el presidente (Daniel) Ortega y su familia eran socios de Pablo (Escobar). ¿Usted se sostiene en esa afirmación?
Alba Marina Escobar: Yo no lo puse en esos términos. Lo único que sé es que Pablo en Nicaragua se la pasaba con el hermano del presidente Ortega (Humberto Ortega) y que salían juntos prácticamente todas las noches, no sé a qué. Obviamente, delante de mí no iban a discutir sus negocios. En cuanto al presidente Ortega, no tengo ninguna información concreta porque al que vi fue al hermano. Después de eso salió la famosa foto tomada por un infiltrado de la DEA en la que aparece Pablo cargando cocaína en un avioneta en Nicaragua.
Humberto Ortega actualmente vive en Costa Rica dedicado a su imperio económico que construyó gracias a “La Piñata” de 1990, y de vez en cuando visita Nicaragua para dedicarse a dar entrevistas a algunos medios de comunicación, que lo ven como un gurú de la política criolla.
Se le envió un correo electrónico al general en retiro, Humberto Ortega consultándole sobre las afirmaciones de Alba Marina Escobar, pero al cierre de la edición éste no había respondido.
Humberto Ortega.
LA PRENSA/C. Malespin
Algunos extractos del libro, a los que se tuvo acceso gracias a la ayuda de colegas periodistas colombianos, señalan que Escobar supuestamente habría entregado equipos y suministros a los sandinistas para facilitar el tráfico de drogas por el país.
“Panamá se estaba calentando (Manuel Antonio) Noriega trabajaba para todos los frentes y no era seguro estar allí, de todos modos Pablo ya había contactado a los sandinistas nicaragüenses y estaba negociando con ellos para transportar cocaína hacia Estados Unidos. Él les había regalado varios jeep Mercedes Benz, repuestos, combustible, llantas y muchas otras cosas ”, escribe Alba Marina.
“Pablo siempre fue un ave nocturna. Algunas noches salía a empacar cargamentos de coca en compañía del gobierno nicaragüense, llegaba a la madrugada, dormía hasta mediodía y se levantaba lleno de energía a pasear con nosotros, compartir con su hijo, asistir a una u otra relación, casi siempre con el hermano del presidente”, agrega en otro extracto de su libro.
Investigan paradero de US$98 millones donados por Venezuela
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Al ex presidente hondureño Manuel Zeleya
Manuel Zelaya, depuesto presidente de Honduras.
LA PRENSA/AFP/ERIKA SANTELICES
TEGUCIGALPA/AFP
La fiscalía hondureña investiga el paradero de 98 millones de dólares supuestamente entregados por el gobierno de Venezuela al ex presidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio del 2009, informaron este martes fuentes de la institución a la prensa.
El fiscal contra la Corrupción, Henry Salgado, declaró a la prensa que "el ministerio Público ya ha hecho diligencias en lo que respecta a la denuncia del supuesto desvío de 98 millones de dólares".
Añadió que la fiscalía solicitará al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el organismo contralor del Estado, "ampliar las investigaciones" sobre el destino de los fondos que fueron entregados en el marco de la cooperación de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA) con el gobierno de Zelaya.
La magistrada del TSC, Daisy de Anchecta, informó a la radio HRN que "hay 98 millones de dólares que no sabemos dónde están, desaparecieron; no dejaron absolutamente ningún rastro".
Según los informes del fiscal, los fondos fueron entregados a Zelaya para la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el organismo encargado de atender emergencias de la población en casos de desastres naturales, cuyo ex encargado, Marco Burgos, no pudo ser localizado por la fiscalía.
El actual jefe de Copeco, Lisandro Rosales, aseguró que en las actas del organismo del 16 de abril del 2009, consta que Venezuela dio 100 millones de dólares y que 2 millones fueron transferidos a una cuenta del Banco Central de Honduras.
Zelaya aseguró que solo hizo una transferencia de dos millones de dólares, en declaraciones a la cadena CNN desde su exilio en República Dominicana.
El ex presidente se quejó además de que él y sus ex funcionarios son "víctimas" de los golpistas que lo derrocaron el 28 de junio del 2009.
La justicia hondureña acusa al ex mandatario de varios delitos de corrupción.
Por su parte, la Comisión de la Verdad nombrada por el gobierno de Porfirio Lobo para esclarecer los hechos que rodearon al golpe de Estado, aceptó que investiga el paradero de 400 millones de lempiras (21 millones de dólares) que fueron retirados del Banco Central de Honduras dos días antes del golpe.
La fiscalía y el TSC también investiga la desaparición de un lujoso vehículo Lexus adquirido con una dispensa de impuestos por Zelaya, según la prensa
