Buenos días
Ministra solitaria
Armando Mayorga Jefe de redacción amayorga@nacion.com 09:32 a.m. 17/02/2011
Cuesta entender por qué Laura Alfaro Maikall dejó los campos de la Universidad de Harvard para lidiar como ministra de Planificación Nacional.
En la prestigiosa universidad de Cambridge, Massachusetts, esta doctora en Economía laboraba en la respetada Escuela de Negocios como profesora e investigadora.
Hace casi un año, Laura Chinchilla la presentó con honores para el cargo y hoy, prácticamente dejó sola a la Ministra en la controversia con diputados y municipalidades.
Como técnica, como experta en economía, la Ministra ha advertido una verdad ante la cual solo los políticos se ciegan: las municipalidades carecen de capacidad para asumir con eficiencia tareas del Ejecutivo.
Ella lo resumió: “Aquí nadie aterrizó los números”. Nadie, es decir, políticos, fueron los menos interesados en aterrizar los números por cálculo político.
De primera entrada, la Ley de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades obliga al Ejecutivo a pasar el 10% de sus ingresos ordinarios a los 81 municipios para que cubran, total o parcialmente, cualquier función que dan los ministerios, excepto educación o salud.
La Ley ordena al Ministerio de Planificación a presentar siete proyectos de ley, uno por año, para transferir 1,5% de los ingresos ordinarios en el Presupuesto Ordinario a los municipios junto con una competencia pública, hasta lograr ese 10%.
La idea es ver pronto a los municipios cumpliendo funciones del MOPT, MAG, Minae... Eso implicará que los ministerios tendrán que despedir o trasladar a municipios al personal que cumple esas funciones.
El caso es que la transferencia de funciones se hace ya para cumplir una ley, aunque las municipalidades sean incapaces, lo cual está más que demostrado.
La Contraloría General de la República ha evidenciado cuán caóticas son. Por ejemplo, seis de cada 10 municipalidades dejan sin ejecutar un tercio o más de su presupuesto. Es decir, ni siquiera saben invertir el dinero que ya tienen presupuestado. ¿Imagina qué pasará con los ¢300 000 millones de más que les asigna esta Ley? A esa incapacidad se suma la corrupción.
La Presidenta, entonces, debe decidir: o negocia una prórroga a la Ley o se compra junto con Alfaro el pleito con los municipios y políticos que aún no están preparados para administrar o asumir más funciones.
Tomada del periódico la Nación de Costa Rica.
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