LOS CONSPIRADORES GOLPISTAS: ESTAN EN UN DILEMA DEFINITIVO: O RESTITUYEN AL PRESIDENTE LEGÍTIMO O SON NULAS DE PLENO DERECHOS LAS ELECCIONES.

PERSPECTIVA ELECTORAL

Por la forma en que va perfilándose el proceso electoral en medio de la crisis política, las elecciones generales del 29 de noviembre generan más interrogantes de lo que es dable esperar si fueran asumidas como la solución del conflicto y el supuesto retorno al orden constitucional.

La principal pregunta es si, en el caso de que realizaran estas elecciones generales en las condiciones actuales --aún con la “charada” del gobierno de unidad y reconciliación nacional—éstas lograrán la legitimidad requerida para garantizar la paz interna, la gobernabilidad, y la confianza de la ciudadanía en el gobierno entrante.

La legitimidad es fundamental en todo lo que se refiere a las elecciones y al gobierno. No es algo para dejarlo al margen, bajo la premisa de que lo legal es lo más importante, cuando en verdad no lo es. Tampoco la ley está por encima por ser la legitimidad de naturaleza ética-social y cuestión de filosofía política. Sucede que el poder y la gobernación implican y exigen principios y valores. Sin ellos la ley es débil y no hay autoridad.

Debido a la crisis política que desató el golpe de Estado militar, la mayoría de la población hondureña, ubicada en los estratos medio, medio-bajo y bajo de la sociedad, ha tenido un notable despertar de su indiferencia y conformismo ante el dominio político-social de una élite gobernante, cuya idea es que el poder se ha creado para su uso exclusivo, con el agravante de que el poder absoluto corrompe absolutamente.

Dado que este proceso de concienciación política y social ha permeabilizado la base popular, transformando al simple elector en ciudadano, el punto de la legitimidad del proceso electoral y su resultado viene a ser ineludible y a la vez determinante del futuro de nuestro país.

En este sentido, el tema de la restitución del orden constitucional torna a ser esencial para la legitimación de las elecciones, y, en puridad de principios, no caben en esto las dicotomías, ni los juegos de manos y las cartas marcadas de los acuerdos políticos.

También la cuestión de la legitimidad, en lo que a nuestra crisis política se refiere, no se circunscribe a Honduras. Es un asunto universal que toca a todos los Estados y pueblos, a los Estados Unidos y a la OEA, en particular, que han manejado –por no decir prohijado—el Acuerdo Tegucigalpa/San José. Si se desconoce el valor de la legitimidad para distorsionar el objetivo político de la restauración constitucional e institucional, también ellos mismos se deslegitiman ante América Latina y el mundo entero.

En nuestra opinión, el proceso electoral en Honduras está en su trance más difícil en las actuales circunstancias. Nuestro país, independientemente del Acuerdo Tegucigalpa/San José y las acomodaticias manipulaciones locales e internacionales, sigue bajo un régimen de facto, dictatorial. Pudiera ser, aunque es difícil sostenerlo, que las elecciones del 29 de noviembre así realizadas fueran legales, pero no serán legítimas.

La perspectiva, entonces, es de crisis política por mucho tiempo, a un costo incalculable de convulsión intestina, de atraso político, de hundimiento económico, de pobreza y marginación social. Un porvenir sombrío, con la inevitable lucha de clases.

Tomado del periódico El Tiempo de Honduras.