• Ricardo Harbottle, abogado y profesor universitario:
“SE ADUEÑARON EN FORMA ILEGAL ALEGANDO TENER CÉDULA REAL”
• Ricardo Harbottle, abogado y profesor universitario:
“SE ADUEÑARON EN FORMA ILEGAL ALEGANDO TENER CÉDULA REAL”
MARCO LEANDRO
mleandro@diarioextra.com
FOTOS MARVIN CONTRERAS
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La playa Cabuyal no puede ser privatizada de ninguna forma por cuanto desde la colonia ya eran públicas, según los abogados Harbottle y Pinchanski. |
La privatización de Cabuyal se dio por un error del Concejo Municipal de Liberia de visar los planos de la finca Santo Tomás, propiedad de la empresa Román Ocampo, de la familia de la diputada e hijo, que también es candidato a regidor por el mismo partido, ambos con la bendición de Laura Chinchilla.
Ricardo Harbottle y Guiza Pinchanski, realizaron un exhaustivo estudio legal e histórico del derecho número cinco de la finca 3282 del Partido Guanacaste, así como la legitimidad del visado del plano catastrado G-951339 del Partido Guanacaste, otorgado por la Municipalidad de Liberia.
Con base en estos estudios, el Departamento de Ingeniería y el Alcalde resolvieron negativamente los recursos de impugnación presentados por la empresa Román Ocampo.
FINCA INSCRITA CON INFORMACIÓN POSESORIA
Harbottle, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y especialista en derechos de propiedad dijo: “La verdad es que la finca Santo Tomás fue inscrita en el Registro Público en 1886 como información posesoria (bajo el número G-3282) y no como cédula real. Por lo que queda descartado que existan la cédula real”.
Agregó que para ese momento -año 1886- ya estaba vigente la Ley de Aguas número 11 del año 1884, que señalaba en el artículo 20 el dominio público sobre la zona marítimo-terrestre o el espacio de las costas de la República que bañan los mares.
“Eso data de tiempos inmemoriales, cuando las guerras estaban a la orden del día y el Estado debía de asegurarse la playa y las riberas de los ríos. Desde ese entonces los 150 metros de la playa son bienes demaniales de dominio público, que no pueden ser enajenados, o privatizados por nadie. Siendo bienes demaniales no pueden ser apropiados por particulares ni legalizados a su nombre, cualquiera que sea el medio legal que se intente utilizar para ello, llámese localización de derechos, informaciones posesorias, arrendamientos”, dijo el abogado.
Por eso, -agregó-, todo resulta viciado de nulidad, siendo obligación de la Municipalidad de Liberia ejercer los controles civiles, penales y contencioso-administrativos no solo en la defensa de ese patrimonio público, sino en el rescate del mismo, mediante acciones reivindicatorias o eventualmente de carácter legal.
PAPEL DEL REGISTRO PÚBLICO
Y agrega el abogado: “En un país que se rige por la ley, las propiedades se anotan en un Registro Público al que todos tienen acceso. El Registro Público de Costa Rica se creó en 1865 y abrió sus puertas en 1867. La inscripción de una propiedad puede hacerse demostrando el dominio que se tiene sobre ella, presentando un título legal escrito o haciendo una información posesoria, demostrando la posesión pública, pacífica y continua por diez años por medio de testigos”.
Es decir, a quien se le hubiera otorgado una propiedad o la hubiera adquirido durante el período llamado Colonial, sólo debía presentarse con el Título de Dominio correspondiente -que podía ser una Real Cédula- ante una autoridad competente para que su dominio sobre una finca fuera reconocido, y ser entonces su propietario ante las leyes de Costa Rica.
Mientras tanto, la información posesoria -como fue inscrita la Finca Santo Tomás- permite que una persona con una propiedad sin un título escrito que lo demuestre, pueda demostrar su posesión ante una autoridad; siempre y cuando pruebe, por medio de testigos, que ha poseído dicho territorio por diez años en forma pública, pacífica y continua
La Empresa Román Ocampo, S.A. alega que la finca 3282 fue inscrita durante la época Colonial, porque en documentos antiguos, se indica que poseedores de partes de la finca tenían Real Título y constituyeron hipotecas sobre dichas parcelas.
La finca 3282 fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad en 1886 mediante “Información Posesoria que se efectúa sólo cuando no existe título escrito”, comento Harbottle.
Agrega: “De existir la Cédula Real que dice tener la familia que pelea para su provecho la playa, los dueños de ese entonces no lo presentaron al inscribir la propiedad. No se puede inscribir hoy, utilizando una Cédula Real, lo que ya se inscribió utilizando una información posesoria, porque se atentaría contra la Seguridad Registral”.
Según Harbottle surgen dos elementos adicionales. Cuando se trata de un bien público, no corresponde al Estado demostrar que el bien es público sino al particular demostrar que el bien es privado y hacerlo fehacientemente. Segundo, corresponde a la Municipalidad iniciar el trámite para mantener su integridad territorial.
La solución del conflicto real parece sencilla desde la perspectiva del particular, la firma Román Ocampo debe demostrar con carta de fe que la finca 3282 incluye la zona restringida de la ZMT en Cabuyal.
SE DEBE DE GESTIONAR LA ANULACIÓN
Con todos esos argumentos, los expertos en derecho agrario, la Municipalidad de Liberia debe actuar de acuerdo a las normas y procedimientos que aseguren y garanticen la integridad del dominio público.
Además, por no haberse probado la pretensión de la empresa Román Ocampo, de que la ZMT de Cabuyal es su propiedad privada, se debe gestionar la anulación de todo lo actuado en contrario por los derechohabientes de la finca 3282.
“Nadie cuestiona que la familia Román Ocampo sean los legítimos dueños de la Hacienda Santo Tomás la que fueron acercando a la playa comprando derechos de concesión y cuando habían sumado una cantidad considerable de hectáreas unieron todo en un solo plano, pero dejaron la colindancia con la playa, que no les da derechos sobre la milla marítimo terrestre”, sostuvo el abogado.
Por su parte, Guiza Pinchanski, historiadora y abogada explicó que las cédulas reales eran unos documentos que entregaba la Corona Española para remunerar a ciertas personas ciertos servicios.
Con esas cédulas reales se les otorgaban beneficios personas como tierras y otros bienes inmuebles. Una cédula real se le dio a Juan de Caballón, otra a Pedrarias Dávila, pero la Corona en los últimos años de la colonia se abstuvo de otorgar esa clase de documentos.
En Costa Rica desde mediados del siglo XVIII no consta la existencia de estos documentos.
Sostuvo que en todo este asunto hay intereses muy poderosos para que la playa, en contra de todas las leyes quede en manos privadas.
• Plan de Gobierno sera dado a conocer en 15 dias:
CHINCHILLA NIEGA QUE TENGA MEGAPROYECO TURÍSTICO
Laura Chinchilla, candidata presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN) negó ayer que se le vincule a un megaproyecto turístico de carácter privado en la Playa Cabuyal de Liberia.
Dejamos claro que no tenemos ninguna propuesta para el desarrollo de megaproyectos turísticos en la zona de Cabuyal o playa Carbonal en Guanacaste, según un comunicado de prensa enviado por los asesores de Chinchilla.
“En los próximos días estaremos presentándole al país nuestras propuestas programáticas, entre ellas la de desarrollo turístico, económico y ambiental del país.
Esos serán los únicos planes y programas que oficialmente adoptaremos como propios y que, en consecuencia, puedan sernos atribuidos directa o indirectamente”, sostuvo.
• A ministra de comunicación, Mayi Antillón:
DENUNCIA LLEGÓ A CASA PRESIDENCIAL
Todos los detalles, pruebas, y documentos relacionados al caso Cabuyal fueron entregados a Mayi Antillón, ministra de comunicación y Enlace, según oficio DM-1593-2009, del cual DIARIO EXTRA, tiene copia.
En la carta fechada el 04 de setiembre de este año, Jorge Rodríguez, Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, le envía a Alejandro Masís Cuevillas, director a.i del Área de Conservación Guanacaste una comunicación para se atienda la denuncia, la cual le llego a sus manos por medio de Mayi Antillón.
Se indica que la denuncia llego el 25 de agosto, recibió la documentación de parte Antillón. Se indica. “Documentación con la denuncia por el otorgamiento de una franja costera de 4.110 metros en la zona marítimo terrestre de Playa Cabuyal por parte de la Municipalidad de Liberia a favor de la familia Román Ocampo.
MAÑANA: Posición de la empresa de la familia Román Ocampo. Sus argumentos para defender la idea de que la playa es privada.
Tomada del periodico La Extra de Costa Rica.
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