Tres alcaldes liberacionistas en problemas judiciales
Talamanca, Liberia y Alajuela son investigados
Fuente: elpais.cr | 12/02/2010
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Redacción (elpais.cr) - Tres alcaldes, representantes del Partido Liberación Nacional (PLN) en los cantones de Talamanca, Alajeula y Liberia son cuestionados en estrados judiciales por supuestos incumplimientos a la legalidad, y el primero trató de huir cuando las autoridades lo buscaban para detenerlo.
La Fiscalía Adjunta de Limón en coordinación con agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), allanaron simultáneamente la Municipalidad de Talamanca y tres casas de habitación ubicadas en Bribri y en Hone Creeck.
En los lugares allanados se procedió al decomiso de documentos y otras evidencias importantes para el caso en que está involucrado el alcalde Rugeli Morales.
A las 4:30 de la mañana de este jueves fue detenido Morales, quien huyó en compañía de otras personas después de un amplio despliegue policial en la zona.
Durante los allanamientos se detuvo además de Morales a dos hombres de apellidos Barrantes y Cortés Oporta quienes se desempeñan como funcionarios del ayuntamiento.
Estos imputados son sospechosos de los delitos de corrupción agravada de funcionarios públicos, peculado y negociaciones incompatibles.
Posteriormente, se detuvo a otro funcionario municipal de apellidos Bastos Montero, quien es sospechoso del delito de favorecimiento real.
La Fiscalía Adjunta de Limón investiga el posible desvío de fondos municipales (dinero del Estado) a cuentas personales. El monto aproximado es de 350 millones de colones.
Los encartados se encuentran a la orden de la Fiscalía de Bribri donde son indagados.
Entre tanto, en Alajuela, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y el OIJO allanaron el mismo jueves a las 10 a. m. el área de desarrollo y control urbano de la Municipalidad, así como el departamento de control fiscal.
Los agentes secuestraron una serie de documentos de dichas instancias. Las autoridades no detuvieron a ningún funcionario.
En la investigación que realiza el Ministerio Público figura como denunciada la alcaldesa del municipio, Joyce Zürcher, quien supuestamente es sospechosa de los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.
La denuncia la realizaron representantes de la empresa Comercializadora de Cemento y Asfalto, que tiene un conflicto con la Municipalidad alajuelense por la negativa de entregar permisos para la construcción de una fábrica, debido a problemas en el trámite de permisos ambientales, entre otros.
En Liberia, Guanacaste, el alcalde Carlos Marín Muñoz, regresó el miércoles a sus labores después de que el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José, levantó las medidas cautelares en su contra, mientras se espera que el Juzgado Penal de Hacienda decida nuevas medidas cautelares.
Marín enfrenta un proceso judicial por cinco supuestos delitos, por lo que el Juzgado Penal dictó medidas cautelares por tres meses que correspondían a la suspensión del cargo, no acercarse a testigos ni funcionarios de la municipalidad y el impedimento para ingresar al municipio por tres meses.
El Tribunal declaró con lugar la apelación y dictó ineficaz la resolución dictada por el Juzgado Penal y devolvió el caso a este despacho para que en una nueva audiencia se establezcan o no las medidas cautelares.
A Marín Muñoz, el Ministerio Publico inició una causa penal por los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia a la autoridad.
Al alcalde está cuestionado por desatender una orden emitida por la Sala IV, en junio del 2009, de que se realizaran varias obras para evitar inundaciones en el barrio La Cruz, Liberia. La autoridad no cumplió los hechos en el plazo señalado por el alto tribunal.
Marín, protegido por la diputada electa por el Partido Liberación Nacional (PLN), María Ocampo de Román, fue detenido la mañana del jueves 28 de enero, como parte de un proceso judicial que le sigue la Fiscalía, a raíz de una denuncia presentada por siete regidores.
La denuncia, presentada a finales del 2009, es tramitada por la Fiscalía de Liberia como sospechoso de tres delitos de incumplimiento de deberes y dos delitos de desobediencia a la autoridad.
La Fiscalía solicita se le suspenda del cargo durante un período de seis meses, mientras se realiza la investigación.
Tomado del periódico Diario Digital Nuestro País de Costa Rica.
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