Columnista
Ojo Crítico
Rodolfo Cerdas Politólogo 07:32 p.m. 03/07/2010
La Asamblea Legislativa, con las honrosísimas excepciones de quienes se salieron del plenario, autorizó el ingreso al territorio nacional de naves de guerra y miles de soldados, para baldón imborrable en la historia patria.
El Convenio entre Costa Rica y EE. UU. (según una interpretación inequívoca de la Sala IV), se refiere exclusivamente al patrullaje conjunto con el Servicio de Guardacostas norteamericano, para combatir el narco y con exclusión explícita de toda fuerza militar. Burlando el Convenio y la resolución mandatoria de la Sala, la Asamblea aprobó un permiso diz que dentro del convenio, para el ingreso, estadía, inmunidad y absoluta libertad de acción en mares y territorio nacional, de siete mil marines, 46 buques de guerra, 200 helicópteros artillados y varios aviones modernos de combate. Entre ellos: el USS KEARSARGE (LHD-3): tripulación 104 oficiales, 1004 enlistados; otra embarcación artillada, con 42 helicópteros CH-46, varios aviones AV-8B Harrier y 6 helicópteros HH-60 Blackhawks de combate aeroterrestre; USS MAKIN ISLAND: tripulación 102 oficiales, 1449 enlistados, debidamente artillada y 42 helicópteros CH-46, 5 aviones AV-8B Harrier y 6 helicópteros HH-60 Blackhawks; USS IWO JIMA (LHD-7): tripulación 73 oficiales, 1109 enlistados, artillada, con helicópteros CH-46 y 6 helicópteros HH-60 Blackhawks, todos probados en la Guerra del Golfo y otras.
El permiso solicitado por la Embajada a través del Ministerio de Seguridad Pública, sin traducción oficial alguna, condicionó además que “sus oficiales y soldados puedan hacer lo que juzguen necesario en territorio nacional para el cumplimiento de su misión” (jurídicamente indefinida), “sin que se les pueda reclamar por los daños o perjuicios que puedan causar”. Esto incluye a terceros, que de tener algún reclamo, quedan sujetos a la jurisdicción y los tribunales militares y civiles de los EE. UU.
Bastó, pues, solo una “cartita” del Embajador de EE. UU, sin siquiera traducción oficial (¿nulidad del acto?), para que la Asamblea dejara sin valor ni efecto en todo el territorio nacional el principio constitucional de igualdad entre nacionales y extranjeros, las leyes civiles, administrativas, ambientales y de organización y competencia de los tribunales que nos rigen a los demás; y autorizó la instalación de fuerzas militares en el territorio nacional; ¿por cuánto tiempo? No se sabe.
¿Es válido un atropello tan descastado como atroz? Obviamente no se trata de combatir el narco, donde los aviones Harrier no tienen nada que hacer. Se han abierto las puertas para una estrategia militar regional desconocida, pero ajena a nuestros intereses, que nos hunde en imprevisibles tensiones regionales y compromete nuestras inapreciables paz y tranquilidad.
Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
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