LUCHADOR HASTA LA MUERTE.

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VIVA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DE LA CLASE TRABAJADORA

EL PUEBLO TIENE DERECHO A COMER


  • LÍDER, ACTIVISTA, ABOGADO, NOTARIO PÚBLICO, EMPRESARIO EXITOSO.
  • SALARIO MÍNIMO JUSTO DE ¢350,000 MENSUALES.
  • LUCHA CONTRA EL RÉGIMEN CORRUPTO DICTATORIAL DE LOS ARIAS.
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  • CONOCEDOR Y VISIONARIO DE LOS PROBLEMAS DE COSTA RICA.
  • UN PATRIOTA NO SE VENDE NI SE COMPRA.
  • POLITICOS CORRUPTOS DEBEN ESTAR EN LA CÁRCEL, CORRUPCIÓN CANCER DE COSTA RICA.

“La democracia no es algo abstracto, no es que el rico le diga que vive en democracia, no es ir a elecciones cada 4 años. La democracia no es una forma política; es una forma de vida; es acceso al trabajo, estudio, salud, recreación, tranquilidad, es decir; repartir la riqueza a la mayoría, vivir dignamente solo se logra cuando la clase trabajdora tome el poder; hoy la "democracia" capitalista es para los ricos, los demás son simples esclavos modernos”

¡¡¡ BASTA, BASTA, BASTA DE CORRUPCIÓN, CORRUPCIÓN!!!


DESPIERTA PUEBLO, SOLO LA LUCHA ORGANIZA Y BIEN DIRIGIDA NOS HARÁ LIBRES, UNIDOS SEREMOS FUERTES Y VENCEREMOS. VIVA COSTA RICA LIBRE. NO A LOS CORRUPTOS, LADRONES, VENDEPATRIA, NO A LOS POLITICOS TRADICIONALES CORRUPTOS, NO A LA VIEJA POLITICA. NO MINERÍA, NO EXPLOTACIÓN PETROLERA.

sábado, 31 de julio de 2010

MUNICIPALIDADES NIDOS DE CORRUPCIÓN POR LO GENERAL, SON INSTRUMENTOS DE LOS POLITICOS CORRUPTOS POR ESO LA POSTRACIÓN DE LAS MISMAS. EL PAÍS SE ACABA.

Cuatro omitieron reportar ingresos en declaración ante Contraloría

Cúpula municipal de Carrillo no declaró ¢570 millones en bienes

Fiscalía indaga a alcalde, exalcalde y dos regidores guanacastecos

Se investiga si hubo falsedad en reporte patrimonial exigido por ley

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Esteban Oviedo eoviedo@nacion.com 10:52 p.m. 30/07/2010

El alcalde, un exalcalde y dos regidores de la Municipalidad de Carrillo, Guanacaste, omitieron reportar a la Contraloría General de la República haber recibido ingresos que suman ¢570 millones, entre los cuatro, del 2006 al 2008.

La Municipalidad de Carrillo administra zonas costeras como las playas del Coco y Panamá. Archivo

Así se desprende de una denuncia enviada por la Contraloría a la Fiscalía de Delitos Económicos, la cual abrió una investigación para determinar si hubo falsedad en las declaraciones juradas que, por ley, ese tipo de funcionarios debe rendir cada año sobre su patrimonio.

Dicho delito se castiga con una pena de seis meses a un año de cárcel cuando los datos son ocultados en forma deliberada (esta sanción puede transformarse en libertad condicional).

Los denunciados son Carlos Gerardo Cantillo Álvarez, alcalde actual; los regidores Claudio Franklin Rivas y René Eulogio Contreras Sandoval, así como José María Guevara Navarrete (quien fungió como alcalde en el período 2003-2007). La Fiscalía los indagó hace dos meses.

Consultados por este medio, los cuatro alegaron que omitieron los datos porque no sabían cómo hacer bien las declaraciones.

Además, negaron que existan actuaciones “oscuras” pues, según dijeron, los ingresos provienen de actividades empresariales que pueden demostrar.

El dinero no reportado corresponde a depósitos en las cuentas corrientes y a certificados a plazo colocados en bancos nacionales.

Estos ingresos fueron hallados cuando la Contraloría comparó sus declaraciones de bienes con sus movimientos bancarios reales.

En el caso del Alcalde, quien además es el candidato de Liberación Nacional (PLN) a la reelección para el período del 2011 al 2016, la Contraloría encontró que no informó de casi ¢300 millones que entraron a sus cuentas bancarias o que depositó en certificados a plazo.

Al regidor Rivas, la Contraloría le señaló una omisión de ¢91 millones y a Contreras, otra de ¢108 millones. En tanto, el análisis determinó que el exalcalde Guevara no reportó más de ¢70 millones en su última declaración.

La Contraloría también llamó la atención sobre movimientos por más de $11 millones hechos por el alcalde Cantillo antes de que asumiera el cargo. Él sostuvo que obedecen a su antigua actividad como director financiero de la cadena de supermercados Supercompro.

Donación. El órgano contralor además logró identificar que el Alcalde recibió un depósito de ¢1,2 millones, en diciembre del 2006, de parte de la firma Altroinvestire.

Sobre este, Cantillo reconoció que se trató de una donación a su campaña por parte de una empresa con apartamentos en playas del Coco, pero no la notificó al TSE porque no cobró deuda política.

El Ayuntamiento tiene jurisdicción sobre poblaciones como Filadelfia, Belén y sitios turísticos como playas del Coco y Panamá.

La Contraloría recomendó suspender temporalmente a los investigados, pero la Fiscalía no lo ha considerado necesario. En tanto, el partido Frente Amplio cuestionó la candidatura de Cantillo.

Desde el 2004, la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito obliga a los funcionarios públicos de alto cargo a presentar una declaración anual de sus bienes ante la Contraloría.

Los reportes deben incluir datos como propiedades, ingresos, certificados bancarios y participación en sociedades anónimas.

Si el órgano contralor detecta omisiones, pueden entablar sanciones administrativas, como el despido, o trasladar el caso al Ministerio Público.


Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.

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