La enfermedad de Guatemala
La renuncia del “zar”anticorrupción es un síntoma más de deterioro
El colapso del Estado de derecho es cada vez más profundo y evidente
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11:31 a.m. 09/06/2010
La renuncia del jurista español Carlos Castresana como director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), es una pésima noticia para la lucha en pro de la institucionalidad y contra la violencia, la arbitrariedad y la delincuencia en ese país. Pero más graves aún son las razones que incidieron en esa decisión, y que levantan nuevas dudas en cuanto al verdadero compromiso de los sectores dirigentes guatemaltecos con la vigencia del Estado de derecho.
El alto funcionario no tuvo pelos en la lengua al afirmar, el lunes, que una de las razones fundamentales de su dimisión fue el reciente nombramiento del abogado Conrado Reyes como fiscal general, luego de un accidentado y contradictorio proceso. Castresana lo calificó como alguien que “posee un historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas”; denunció que “desde su llegada a la Fiscalía, ha dado entrada a personas y estructuras” erradicadas con gran esfuerzo, y lo acusó de desmantelar “el equipo de profesionales que, en el 2009, dio la esperanza de un cambio en el Ministerio Público”.
Castresana también planteó un panorama sombrío sobre el futuro de la institucionalidad guatemalteca, por considerar que, en verdad, una gran cantidad de personalidades y grupos sumamente poderosos, relacionados con el Gobierno, algunos partidos políticos, empresarios y profesionales, no tienen verdadero interés en revertir el alarmante deterioro de la justicia en el país; al contrario, añadimos nosotros, a menudo son cómplices del grave mal de la impunidad. Otra de sus quejas, relacionadas por este punto, fue que el Estado guatemalteco “no está cumpliendo” debidamente con los compromisos adquiridos al constituirse la Cicig.
La comisión, dependiente de las Naciones Unidas y respaldada directamente por varios países, fue establecida en el 2008, a pedido de Guatemala. Con potestades de intervención inéditas en los procesos de investigación policial y de procesamiento judicial, su mera existencia ha sido un testimonio del virtual colapso de eficacia y legitimidad que afecta a los órganos de seguridad y justicia del país. Pero su trabajo ha sido fundamental para comenzar a desarrollar ciertos ámbitos de excelencia y probidad en esas instancias, todo con vistas a que las autoridades guatemaltecas retomen el control del sistema.
Ese es el complejo proceso que, de por sí en extremo lento y dispar, recibió un demoledor golpe, en opinión de Castresana, con el nombramiento de Reyes. La gran incógnita es qué podrá pasar a partir de ahora. La respuesta más inmediata es que, por desgracia, existen enormes riesgos de que los mínimos avances se diluyan. No sería algo inédito en Guatemala, donde los tentáculos del crimen organizado, de la corrupción, de los grupos que (con distintas fachadas) actúan al margen de la ley, de los políticos inescrupulosos y de los funcionarios con ambiciones desbordadas, han colocado al país en una situación de seguridad física y jurídica alarmante.
A lo anterior se añade que los grupos verdaderamente comprometidos con un cambio son en extremo débiles: se reducen a algunos activistas y organizaciones de derechos humanos, a pequeños grupos de profesionales conscientes y a contadísimos líderes políticos. Asimismo, las élites del país, sobre todo el gran empresariado, que ha logrado desarrollar una legalidad y seguridad paralelas para defender su patrimonio, muestra una alarmante falta de sensibilidad por los problemas nacionales. Y la sociedad, como un todo, está cada vez más fracturada.
Frente a tan crudas realidades, el pronóstico, en el mejor de los casos, es sumamente reservado. Quizá la renuncia y señalamientos de Castresana, logren impulsar mecanismos reactivos para reencauzar la situación. Sin embargo, será muy difícil, como ha ocurrido tantas veces en el pasado
Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
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