EDITORIAL
Porteadores y dirigentes-empresarios
El país tiene derecho a saber, por su condición de público, cómo funciona el negocio de los porteadores y, sobre todo, el de sus dirigentes o empresarios
Si los bloqueos y las amenazas han sobrepasado toda medida de legalidad y de respeto, y si temen toda reforma, ¿qué intereses se protegen?
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08:03 p.m. 16/06/2010
Las amenazas de los líderes de los porteadores contra el orden público, contra la libertad de tránsito y, en consecuencia, contra los derechos de los ciudadanos, han subido de tono en estos días. Esta táctica, in crescendo, siempre les ha sido rentable a dichos dirigentes, mucho más que a los porteadores. Esta es una de las razones por las que, ante cualquier propuesta de reforma, aquellos echan mano de este recurso, uno de los más eficaces en las relaciones entre el Estado y los grupos de presión.
En la coyuntura actual, conviene destacar el peso de las amenazas formuladas y el papel determinante que, en este torneo de intereses, desempeñan los dirigentes. En cuanto a aquellas, las publicadas ayer por La Nación son suficientemente expresivas para valorar la mentalidad de dichos dirigentes. Resumimos las proclamadas por German Lobo, representante de la Cámara Nacional de Porteadores, que agrupa a 11.000 de estos, lo que, por lo que diremos más adelante, explica muchas cosas.
Los dirigentes de los porteadores –dijo el citado vocero– generarán “un caos social”, bloqueos “no amistosos” (si todos son no amistosos, los anunciados se sospechan, entonces, muy violentos), y para que nadie se llame a engaño las “acciones serán agresivas, fuertes y por sorpresa” (como en ciertas películas). Además de las dichas, llevarán a cabo “otras medidas de presión”, que no quiso detallar este dirigente, experto, al parecer, en estas operaciones y en el manejo del suspenso. Su epílogo pasará a la historia, pues ni los grupos más extremistas han sido tan amenazadores: “Lo que sí puedo decir es que esto le va a salir muy caro al Gobierno”. ¿Muy caro?
Es muy cómodo mostrar tanta valentía en el marco del sistema democrático. Sin embargo, dados la mentalidad de este dirigente y de sus camaradas, su agresividad y su desenfado, estas palabras no deben tomarse a broma ni considerarse la manifestación de un estado psicológico especial. No pretendemos proponer un examen médico, sino, más bien, invitar a las autoridades del ramo a proceder conforme a la razón y, por lo tanto, a preguntarse por qué estos dirigentes actúan en forma tan descomedida e irritante en contra de la institucionalidad y de los derechos de las personas. ¿Qué quieren reformar y qué temen perder? La respuesta está al alcance de la mano. No se trata del bienestar de los porteadores, sino del interés de sus dirigentes o de los empresarios del negocio que, habida cuenta del número de personas a su servicio, en total, 11.000, como reza la información de ayer, los réditos o ganancias deben ser muy elevados.
Entendemos que los dirigentes del negocio reciben en concesión una frecuencia –estatal– de radio, por una suma irrisoria, que irradia su servicio de comunicación a todos los porteadores y por la cual cada uno de ellos paga una suma determinada significativa. Basta saber multiplicar para obtener un resultado concreto y revelador. Merece felicitación la imaginación creativa en los negocios, pero, en este caso, habrá que preguntarse no solo por su estatus legal, sino también sobre la relación entre el servicio a los porteadores y la ganancia de los dirigentes-empresarios, así como si se cumplen, entre otras, las normas tributarias pertinentes y la cotización con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), ahora y en el pasado.
Preocupa, en todo caso, la nebulosa legal que envuelve este servicio, la lentitud en despejar, en forma transparente, la estructura organizativa de este negocio, el uso constante de la fuerza y de la violencia, las amenazas crecientes y el cumplimiento de las normas vigentes en la materia. Este tipo de transporte de personas, en estas condiciones y por su propia naturaleza, debe regirse por la transparencia y la legalidad. En suma, el Gobierno está obligado a realizar una investigación sobre estos interrogantes, condición previa para cualquier tipo de negociación. Dígase lo mismo de la Asamblea Legislativa. No comprendemos, más bien, por qué no se ha llevado a cabo todavía, mientras corren los funcionarios a negociar ante cualquier bloqueo o amenaza.
Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
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