Columnista
Ojo Crítico
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Rodolfo Cerdas Politólogo 07:56 p.m. 12/06/2010
Los nuevos sucesos en Guatemala y Honduras, ratifican que plegar a Costa Rica a las presiones externas que le exigieron ingresar a la Comisión de Seguridad Centroamericana, era innecesario, peligroso e inconveniente, porque debilita, entre otras cosas, la difícilmente ganada credibilidad de nuestras autoridades.
Esta semana renunció Carlos Castresana, jefe del CICIG (Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, de la ONU), porque nada menos que Conrado Reyes, el recién nombrado Fiscal General “posee un historial de corrupción y vínculos con organizaciones ilícitas”, ha desmantelado “el equipo de profesionales que en el 2009, dio la esperanza de un cambio en el Ministerio Público” y fue nombrado por el presidente Colom como “producto de un pacto entre despachos de abogados con vínculos con adopciones ilegales y narcotraficantes.” La decisión de última hora del Tribunal Constitucional de acoger un amparo y repetir el proceso de nombramiento, solo muestra que la gran víctima es la mayoría del pueblo guatemalteco; y que sigue vigente e intacta la denuncia de la CICIG de que “magistrados, altos funcionarios, líderes políticos y destacados jefes policiales están en la planilla de narcotraficantes y mafias”.
En Honduras, Human Rights Watch ha denunciado las reiteradas violaciones a los derechos humanos, y Reporteros sin Fronteras el ataque sistemático e impune contra los periodistas y la libertad de información, que ya contabiliza seis asesinados. Y esta misma semana, el propio presidente Porfirio Lobo alertó –a casi un año del golpe de Estado contra Manuel Zelaya- “sobre la posibilidad de un nuevo golpe, esta vez dentro de sectores de su propio partido y de la justicia”; informándose que “incluso hubo una reunión en el Congreso a la que fueron los ministros de Defensa, Marlon Pascua, y de Seguridad, Óscar Álvarez, donde se planteó pedir la renuncia de Avilés”, el presidente de la Corte.
Es obvio, entonces, que las justificaciones de nuestro Gobierno para su error no son de recibo; son mera retórica y clara ignorancia de la realidad centroamericana. Además, en el mejor de los casos, un calculado olvido de que para compartir información, y colaborar y firmar acuerdos de intercambio policial, no se necesita hundir al país en el desprestigio de otros gobiernos entremezclados con golpistas, violadores de derechos humanos, narcos y mafias internacionales.
¿Qué confianza puede merecer a nadie, incluida la DEA, una tal Comisión de Seguridad? ¿Qué se puede derivar de allí para la seguridad que necesitamos? Lo prudente era hacer valer nuestra democracia institucionalizada y nuestro Estado de derecho. Pero no: por unos dólares más, se puso al país a concursar por un trato de banana republic.
Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
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