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Fiscal hondureño hablará con Lobo sobre presunto plan para derrocarlo
TEGUCIGALPA/ACAN-EFE
El fiscal general del Estado de Honduras, Luis Rubí, dijo hoy que hablará con el presidente del país, Porfirio Lobo, para que le informe sobre la denuncia que ha hecho de un presunto plan para derrocarlo.
"Esto es un asunto serio, he considerado por la gravedad de los hechos denunciados por el presidente de la República, comunicarme con él para establecer un diálogo y de lo que resulte del diálogo con él vamos a hacer o aperturar las investigaciones correspondientes", indicó Rubí escuetamente a periodistas.
El anuncio de Rubí se produce después de que el presidente reiterara ayer su denuncia y reclamara a la Fiscalía la apertura de una investigación que, en su opinión, debía haberse producido hace días.
Rubí señaló hoy que aunque tiene potestad para hacerlo no ha querido "actuar de oficio" ante la denuncia de Lobo, quien asumió el poder el 27 de enero pasado, cuando debió cesar el mandato de cuatro años de Manuel Zelaya, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009.
Subrayó que "con una denuncia sin los elementos de prueba no se puede hacer absolutamente nada" y que por eso hablará con Lobo.
Lobo no ha identificado a quienes estarían intentando sacarlo de la Presidencia, aunque el martes dijo que lo tiene "todo bien seriado" y "ubicaditos a todos".
"Sé quiénes son, tengo toda la información", enfatizó Lobo.
Lobo también expresó ayer que su denuncia no es ninguna broma, como dejó entrever el ex presidente del Parlamento Rodolfo Irías, del gobernante Partido Nacional.
Según informó hoy la prensa local, el embajador de España en Tegucigalpa, Ignacio Rupérez, indicó ayer que el presidente les dijo en una reunión con los representantes de países cooperantes con Honduras, conocido como G-16, "que no hay amenaza real" de un golpe de Estado.
Además, medios locales indicaron que el G-16 expresó a Lobo el miércoles pasado su "inquietud" por la situación de los derechos humanos, "el nivel de impunidad que existe en el país, el alarmante aumento de los asesinatos a periodistas y la persistencia de actos de violencia contra ciudadanos políticamente activos".
Rubí indicó sobre los señalamientos del G-16, que incluyeron el despido en mayo pasado de cuatro jueces y un defensor público por parte de la Corte Suprema de Justicia, por estar en contra del golpe a Zelaya, que lo importante es que ese tipo de preocupaciones no lleven la intención de querer interferir.
En ese sentido, manifestó que espera que "se quede en el nivel de preocupación" de los países cooperantes.
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