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Organizaciones se pronuncian por defensa del Seguro de Riesgos del Trabajo
CCSS recibirá menos recursos para asumir atención a población no asegurada
San José (elpais.cr) - Diversas organizaciones sociales, legisladores y la Municipalidad de San Ramón, Alajuela, respaldaron este martes la acción de inconstitucionalidad presentada por el Frente Amplio, para frenar la destrucción del seguro de riesgos del trabajo.
Los sindicatos del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), ANEP, Unión de Empleados de la Caja Costarricense del Seguro Social (UNDECA), y la Unión de Profesionales del Banco Popular (UNPROBANPO), así como la Municipalidad de San Ramón y la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentaron gestiones de coadyuvancia, ante la Sala Constitucional.
El diputado José María Villalta consideró que las coadyuvancias "están muy bien fundamentadas y, sin duda, reforzarán los argumentos del recurso presentado para defender este seguro social, amenazado por el TLC con los Estados Unidos, al introducir la competencia en el mercado".
UNDECA resalta en su recurso que: "La obligación de apertura comercial del seguro de riesgos de trabajo, explotado mercantilmente con una finalidad egoísta de lucro, tendrá como inevitable consecuencia que el costo de atención y otras prestaciones de la población no asegurada, tendrán que asumirlo el Instituto Nacional de Seguros y la Caja Costarricense de Seguro Social, que dispondrán de menos recursos para asumir estos gastos."
Para UPINS, el TLC con los Estados Unidos: "Viene a convertirse en un instrumento que desmantela el sistema de seguridad social costarricense establecido en los artículos 73 y 74 de nuestra Constitución Política".
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), indica que "cualquier variación a los principios que informan el Seguro Social de Riesgos del Trabajo, en detrimento del régimen para transformarlo en un seguro mercantil, no solo sería un retroceso en materia de derechos laborales, sino una violación a convenios internacionales que, como el 102 de la OIT (debidamente ratificado por Costa Rica), preservan características fundamentales de un seguro social."
Villalta dijo, en un boletín de prensa, que todos los recursos de coadyuvancia coinciden en que "no se puede comercializar el seguro de riesgos del trabajo, sin violentar la Constitución de la República.Tomado del periódico Digital Nuestro País de Costa Rica.
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