Definidos candidatos para elecciones de noviembre
Nicaragua va hacia elecciones en ruta llena de irregularidades
Oposición recuerda inconstitucionalidad de candidatura de actual mandatario
Consejo Supremo Electoral ha recibido críticas por desarrollo de proceso
Juan Fernando Lara y Miguel Muñoz jlara@nacion.com 09:07 p.m. 27/03/2011
Nicaragua se enfila hacia las elecciones de noviembre con un proceso bastante singular: una “Constitución inconstitucional”, un tribunal electoral nombrado por decreto del presidente-candidato y sin observadores internacionales.
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El presidente Daniel Ortega, quien inscribió su candidatura el viernes 18, se enfrentará al expresidente Arnoldo Alemán, su supuesto enemigo político, y al empresario Fabio Gadea, que trató, sin éxito, de reunir a la oposición liberal.
Hay que dar una mirada atrás, octubre de 2009, para comprender la situación. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Nicaragua declaró inaplicable al presidente Daniel Ortega el artículo 147 de la Constitución, que prohíbe la reelección continua. De este modo, Ortega podría presentarse a la elección prevista para este año.
“Los magistrados, sandinistas en esencia, declararon que la Constitución es inconstitucional”, señaló Roberto Cajina, experto nicaraguense en temas de gobernabilidad. Es un acto “ilegítimo porque la única opción para modificar la Constitución es el Congreso”.
La oposición política impugnó la candidatura de Ortega ante el Consejo Supremo Electoral (CSE), con el fin de “judicializar nacional e internacionalmente la ilegalidad e insconstitucionalidad de Ortega y continuar acreditando el hecho de que estamos participando en este proceso electoral bajo protesta”, afirma Edmundo Jarquín, candidato a la vicepresidencia por Alianza Partido Liberal Independiente (PLI-UNE).
El recurso llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según afirma Jarquín, ya que las decisiones del CSE no son apelables ante el Poder Judicial.
Consejo por decreto. Las acusaciones de irregularidad no terminan con la modificación del artículo 147. “No han nombrado las autoridades electorales que van a a organizar el proceso, lo que tenemos son personas que actúan mediante una supuesta legalidad de un decreto presidencial, pero eso contradice a la Constitucion”, afirma Rosa Marina Zelaya, expresidenta del CSE entre 1996 y 2000.
Zelaya también se refiere a otros aspectos irregulares, como un calendario electoral que no favorece a todos los partidos o la cedulación ciudadana que se “está manejando como favoritismo político” hacia los partidarios del Gobierno.
Otro gran déficit supone el rechazo a la presencia de observadores internacionales, intención declarada por el propio Ortega el 11 de enero. “La ley electoral habla de observadores y eso significa una práctica normal. Contribuyen en la transparencia del proceso y su credibilidad”, señaló Zelaya.
Fuerte control. Daniel Zovatto, director regional de International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), considera que Ortega tiene “un grado de control respecto de las principales instituciones, en particular, en el Poder Judicial y en el CSE”.
Sin embargo, también se destaca su posición ante ciertos sectores sociales. “Está calando en el grueso de una parte importante de la sociedad y del sector empresario, es un mal menor”, añade Zovatto.
“La empresa privada, el gran capital nacional, está cediendo a la ilegalidad hasta cierto punto porque hay un acomodamiento”, apunta Cajina. El experto añade que “mientras la inflación esté controlada, se mantengan subsidios y reservas internacionales, y se produzcan aumentos salariales, las cosas seguirán como van”.
El 4 de abril, el CSE se pronunciará sobre la decisión de la candidatura.
Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
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