GOLPISTAS HONDUREÑOS PONGAN LAS BARBAS EN REMOJO, SU DÍA LES LLEGARÁ Y TENDRAN QUE RENDIR CUANTAN A LA JUSTICIA POR SUS CRIMENES DE LESA HUMNANIDAD.

EDITORIAL

Decisión histórica en Perú

La justicia se ha fortalecido al ratificar una condena contra Fujimori

La importancia de la decisión se proyecta hacia todo el hemisferio

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Nueve meses después de que la Sala Penal Especial de Perú condenara al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel, por “homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves”, la Corte Suprema de Justicia de ese país ratificó el fallo, en una decisión de evidente significado histórico.

Su importancia tiene dimensiones hemisféricas y locales: para América Latina, porque es la primera vez que un presidente llegado al poder mediante elecciones democráticas pagará por violaciones a los derechos humanos; para Perú, tanto por esta razón como porque su sistema judicial ha salido fortalecido y, además, se ha reafirmado el concepto de rendición de cuentas como principio esencial de la democracia. Esto siempre es importante, pero más aún cuando lo que está de por medio es la dignidad de los seres humanos.

La condena en primera instancia a Fujimori, el 7 de abril del pasado año, se produjo por considerársele instigador de la muerte de 25 personas en sendos casos, ocurridos en 1991 y 1992, así como por el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, tras su “autogolpe” de Estado en 1992. Mientras la Corte Suprema analizaba la petición de nulidad planteada por los abogados del exmandatario, el 20 de julio este fue sancionado con siete años y siete meses de cárcel más, al considerársele responsable de desviar $15 millones de fondos públicos a favor de su siniestro asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, a principios del 2000, apenas meses antes de que una serie de escándalos pusieran fin a su gobierno de diez años.

Sobre el legado de Fujimori, el balance de sus conciudadanos no es unánime. Algunos le acreditan haber frenado, tras su llegada al poder, el caos económico y la escalada terrorista de Sendero Luminoso, que habían puesto la frágil democracia peruana al borde del colapso. Hay mucho de cierto en tal percepción. Pero sus métodos fueron en exceso crueles; sus intenciones de perpetuarse en el poder, claras, y su asalto contra la institucionalidad, sumamente destructivo. Los daños que todo esto produjo a la sociedad y, especialmente, a los derechos humanos, no se pueden justificar de forma alguna.

Fujimori, sobre todo a partir del “autogolpe”, acudió crecientemente a acciones arbitrarias y descansó cada vez más en turbias corruptelas y burdos atentados contra las garantías individuales para doblegar a sus adversarios e imponer una “normalidad” claramente dictatorial. Montesinos fue el gran inspirador, aliado y ejecutor de este esquema, pero la principal responsabilidad corresponde al entonces Presidente.

Aunque persistan grupos que enaltecen su legado, el balance generalizado –y justificado– debe ser de rechazo y repudio, y la acción de la justicia se convierte en una necesidad impostergable. Nunca es aceptable que, en nombre de propósitos secundarios –llámense “orden público”, “desarrollo económico” o “estabilidad”–, se atente contra los fundamentos de la democracia, de la libertad, de la dignidad humana y de la convivencia civilizada de los pueblos. Y contra todo esto se volcó Fujimori.

Por desgracia, entre los cómplices de su régimen, fuera por convicción (en muy pocos casos) o por corrupción (en la mayoría), se cuentan algunos periodistas y empresarios de medios; algunos han pagado sus culpas; otros permanecen en la impunidad. Pero la mayoría mantuvo una actitud de independencia, a costos muy altos. De ello es claro ejemplo el caso de Gustavo Gorriti, que se convirtió en uno de los blancos preferidos del régimen, pero nunca se doblegó, como tampoco lo hicieron otros colegas que, como él, fueron dignos representantes del periodismo libre, profesional y ético.

Fujimori, para bien de Perú, permanecerá tras las rejas como resultado de la justicia en democracia. Esto, por sí solo, no es garantía de plena solidez institucional, pero sí constituye un claro avance en ese camino, tan importante para los peruanos como para el resto de los latinoamericanos.

Tomado del periódico La Nación de Costa Rica.