PROCESO JUDICIAL DE MENTIRILLAS PARA BLANQUEAR LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD, CPI LOS ESPERA PARA JUZGAR TODOS LOS CONSPIRADORES DEL GOLPE DE ESTADO.

Crisis política

En poder de juez instructor acusación contra militares

El juez instructor Jorge Alberto Rivera Avilez, empezó ayer a conocer el requerimiento fiscal formalizado contra los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas por los delitos de expatriación ilegal y abuso se autoridad en perjuicio del presidente Manuel Zelaya Rosales. En este caso están procesados los generales Romeo Orlando Vásquez Velásquez, Venancio Cervantes, Carlos Antonio Cuéllar, Miguel Angel García, Luis Javier Prince y Juan Pablo Rodríguez. El jueves anterior, el pleno de la Corte Suprema de Justicia designó al magistrado presidente Rivera Avilez para que conozca la causa, tomando en cuenta que los miembros de la Junta de Comandantes tienen el status de altos funcionarios. Se informó que la Secretaría de la Corte envió la mañana de ayer el requerimiento fiscal a Rivera Avilez y que poco después admitió el apersonamiento de los abogados Juan Carlos Sánchez, Dagoberto Mejía Pineda y José Arturo Duarte, como apoderados legales de los militares. De acuerdo al procedimiento, el juez natural deberá estudiar el caso y luego solicitar la declaración a los acusados para que informen sobre la captura y expatriación de Zelaya Rosales. En este caso, también deberá tomarle declaración al magistrado Tomás Arita Valle, quien supuestamente ordenó el allanamiento y captura de Zelaya Rosales. En esta etapa Arita Valle deberá esclarecer si él como juez instructor ordenó la expatriación de Zelaya Rosales o si los militares lo hicieron por cuenta propia. Rivera Avilez le tocará valorar el requerimiento para establecer si reúne los indicios para admitirlo, pues de admitirlo deberá realizar la audiencia a los acusados. El pleno del Poder Judicial, según el Código Procesal Penal, nombrará tres magistrados para que integren el tribunal de alzada en caso que se presente un recurso de apelación. El juez instructor también podrá aplicar medidas cautelares a los acusados, ordenar la detención, dictar auto de prisión, emitir sobreseimiento definitivo o provisional, así como elevar el caso a juicio oral y público. Si Rivera Avilez decide elevar el caso a juicio oral y público, la Corte nombrará a tres magistrados para que integren el Tribunal de Sentencia y un magistrado que quedará de observador por si uno de los tres falta por causa justificada. Tomado del periódico El Tiempo de Honduras.