Para hoy en la tarde está programada la audiencia inicial por el requerimiento fiscal contra los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, por los delitos de abuso de autoridad y expatriación ilegal del depuesto presidente Manuel Zelaya.El fiscal general, Luis Alberto Rubí, presentó ante la Corte Suprema requerimiento contra los generales Romeo Orlando Vásquez Velásquez; Venancio Cervantes; Carlos Antonio Cuéllar; Miguel Angel García; Luis Javier Prince y Juan Pablo Rodríguez, por la expulsión de Zelaya el 28 de junio anterior.
El pleno de la Corte Suprema de Justicia designó al presidente del Poder Judicial, Jorge Alberto Rivera Avilez, como juez natural para llevar el caso, cuya audiencia inicial será hoy a partir de las 2: 00 de la tarde.
Abogados penalistas consultados en relación al juicio contra la cúpula militar, expresaron que Rivera Avilez no puede excarcelar a los militares basándose en un estado de necesidad --si ese fuere el caso-- porque Zelaya Rosales no andaba armado cuando lo expatriaron, y más bien fue víctima de un golpe de Estado.
De acuerdo a los juristas, el estado de necesidad se justifica cuando la autoridad actúa para evitar una gran tragedia, sin embargo, agregan que en todo caso fue la integridad física de Zelaya Rosales la que estuvo en peligro al ser secuestrado y expatriado.
El abogado Leopoldo Romero aseguró que el juez Rivera Avilez no puede emitir un fallo de excarcelación a los militares fundamentándose en el estado de necesidad.
“No concurren los elementos en el caso del presidente (Zelaya), es un hombre que estaba desarmado, él no implicaba ningún peligro a la sociedad”, señaló.
Consideró que este juicio es una completa farsa en vista que ellos lo que buscan es limpiar a los militares de los delitos que cometieron, pues el Ministerio Público sólo los acusó por el delito de abuso de autoridad porque la expatriación ilegal no está tipificada en el Código Penal.
Explicó que la figura de estado de necesidad sólo se puede aplicar en el caso que exista un grupo de personas armadas que pueda representar un peligro para la autoridad y la sociedad.
Estimó que Rivera Avilez debe de abstenerse de conocer el caso porque él fue uno de los que se pronunció en torno al estado de necesidad.
“Eso es un juicio maquinado, no es un verdadero proceso con garantías judiciales, pues el sistema judicial está totalmente coludido con el golpe de Estado”, señaló.
Dijo que lo seguro es que Rivera Avilez exonerará a los militares de toda responsabilidad porque el delito de abuso de autoridad sólo tipifica apenas hasta por seis años y es excarcelable.
Es un circo
Por su parte, Fredín Fúnez también coincidió en que el estado de necesidad en este caso no se justifica porque quien miró en riesgo su vida fue Zelaya Rosales y algunos de sus cercanos colaboradores.
“No puede alegarse estado de necesidad cuando se planifica un golpe de Estado cuando se juntan todas las instituciones para darle el golpe de Estado al Presidente y expatriarlo”, precisó.
“Ese juicio no es más que un show, es un circo”, dijo Fúnez agregando que los militares debían ser acusados por el Ministerio Público por delitos contra la forma de gobierno, de traición a la patria, allanamiento, secuestro y otros.
ACUSADOS
El jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Orlando Vásquez Velásquez.
El subjefe del Estado Mayor, Venancio Cervantes.
El inspector general, Carlos Antonio Cuéllar.
El comandante del Ejército, Miguel Angel García.
El comandante de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince.
El jefe de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez.
Tomado del periódico El Tiempo de Honduras.
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