EDITORIAL
Crisis financiera en la Caja
La Caja de Seguro Social corre el riesgo de cerrar el año con un déficit capaz de afectar la prestación de servicios y el cumplimiento de sus obligaciones
Ninguno de los sectores involucrados ha demostrado inclinación por resolver el problema y sí mucha cautela ante la posibilidad de un aumento en las cotizaciones
09:48 a.m. 08/07/2011
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) corre el riesgo de cerrar el año con un déficit de ¢92.626 millones que representan un serio problema de liquidez, capaz de afectar la prestación de servicios, el pago de incapacidades, la cancelación de salarios y el cumplimiento de obligaciones con proveedores, incluyendo los de medicamentos.
Es un horizonte aterrador en una institución fundamental para la estabilidad y la justicia social construidas en Costa Rica durante las últimas décadas. Más aterradora aún es la falta de voluntad para encarar el problema con seriedad.
En el mejor escenario, la Caja espera recibir del Estado el pago de una parte de la deuda contraída por la atención de indigentes y las cotizaciones patronales. La deuda total asciende a ¢378.951 millones, pero la Caja sueña con recibir ¢124.258 millones que le permitirían cerrar con un superávit de ¢17.534 millones. Sobraría dinero, diría un observador incauto, pero en realidad la cifra resulta del gasto inmediato de todo lo recibido y de un superávit habido el año anterior por ¢17.534 millones. La situación se ilustra a la perfección con el dicho popular de “coyol quebrado, coyol comido”.
El arreglo con el Estado está en curso de negociación y, si se logra, nada garantiza un pago parcial de ¢124.258 millones este año. La posibilidad de conformarse con los ¢54.000 millones adeudados solamente por la atención brindada a indigentes está sobre el tapete, aunque resultaría en un déficit de ¢38.626 millones. Aun si la Caja convenciera al Ministerio de Hacienda de inclinarse por el escenario óptimo, nadie podría echar las campanas al aire. El problema quedaría solucionado este año y se haría más manejable en el futuro inmediato, pero no tardaría en volverse a presentar.
El dilema de las finanzas institucionales no reside exclusivamente en la deuda del Estado. La propia auditoría de la Caja señala entre sus causas “' el aumento de las cargas financieras por encima de los márgenes de beneficios, por la insuficiencia de los recursos generados' y por una inadecuada capitalización'”. “La relación de dependencia financiera con el Gobierno Central”, por supuesto, figura entre las razones enumeradas por la auditoría, pero, como queda señalado, no es la única.
Para hablar claro, la auditoría también estima pertinente “estudiar si se propone a los distintos actores (') una reforma para aumentar la prima de contribución, principalmente en el seguro de salud, partiendo de un estudio de valuación actuarial que permita determinar una nueva prima”. En otras palabras, la auditoría sospecha que a la Caja no le alcanzan los ingresos y es necesario elevar las cotizaciones calculadas sobre los salarios.
Los “distintos sectores” a que se refiere la auditoría son, por supuesto, los patronos, los trabajadores y el Estado. Ninguno de ellos ha demostrado inclinación por resolver el problema y sí mucha cautela ante la posibilidad de un aumento en las cotizaciones. Nadie quiere pagar el arreglo, y el deterioro financiero sigue su curso inevitable.
Cuando la presidenta Laura Chinchilla quiso conocer la verdadera situación financiera de la Caja, propuso a la junta directiva nombrar una comisión de notables, integrada por personalidades de diversas orientaciones políticas, reconocidas por sus atestados técnicos. De inmediato, los trabajadores y patronos representados en la directiva exigieron participación, cada uno en defensa de sus intereses.
El examen técnico de los males financieros es lo de menos. Son datos capaces de enfrentarnos con una realidad que no queremos conocer y por eso no hay obstáculo para encontrar, entre los llamados “distintos sectores”, el acuerdo básico de posponer el estudio propuesto por la Presidenta con el objeto de precisar, con ojo técnico y no político o gremial, las dimensiones de un problema capital de la sociedad costarricense. Todo esto para no mencionar la crisis que se vislumbra en el régimen de pensiones.Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
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