Magistrados anulan acuerdo para abrirle causa disciplinaria
Corte reconoce independencia del fiscal y archiva investigación
Por mayoría, desistieron de la pesquisa y se archivó por caducidad
Jorge Chavarría lo califica como triunfo de la democracia y el Estado de derecho
Carlos Arguedas C. carguedasc@nacion.com 08:53 a.m. 05/07/2011
Los magistrados de la Corte Plena anularon ayer el acuerdo de investigar al fiscal general de la República porque ese procedimiento era incorrecto pues consideraron que violaba la independencia del Ministerio Público.
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La decisión la adoptaron por mayoría de 17 votos de los 21 magistrados presentes.
Luego, en una segunda votación, 20 magistrados acordaron archivar la orden de investigar a Jorge Chavarría Guzmán, porque se venció el plazo (tenía hasta el 30 de junio) para adoptar la decisión correcta, que era pasar el asunto a la Inspección Judicial.
El fiscal general de la República, Jorge Chavarría, calificó la decisión como un triunfo para la democracia y el Estado de derecho. “La Corte recapacitó, analizó y admitió la nulidad porque había vicios serios en la conformación del acto y del acto mismo del cual resultó el acuerdo para la investigación”, agregó.
Antecedente. Este asunto trascendió el lunes 27 de junio, cuando la Corte Plena acordó indagar a Chavarría por haber ordenado el rastreo de llamadas telefónicas a la diputada socialcristiana Gloria Bejarano, al expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier y a los magistrados de la Sala Tercera, Magda Pereira, Carlos Chinchilla y Jesús Ramírez.
Chavarría ordenó el rastreo de llamadas para determinar si hubo algún contacto telefónico entre las personas citadas antes de conocerse el fallo del caso Caja-Fischel. Una vez concluido el rastreo, Chavarría presentó ante la Sala Tercera, el 9 de mayo, una solicitud de desestimación de la causa pues, según el informe, no se detectaron llamadas entre ninguna de esas personas.
Al iniciar la sesión de ayer, el magistrado Román Solís Zelaya explicó que, aunque en la sesión anterior fue uno de los nueve magistrados que votó porque se investigara a Chavarría, eso se debió a un error. “Me equivoqué en la cuarta ronda de votación, soy medio daltónico, la moción era en otra línea. Apreté un botón que no debía haber apretado”, afirmó.
Mientras tanto, Carlos Chinchilla fue uno de los primeros que se pronunció porque el acuerdo se archivara pues dijo que nunca hubo intención de irrespetar la independencia del Ministerio Público.
Mantuvo posición. La magistrada Magda Pereira dijo que desde el momento en que ella denunció el caso fue muy clara de que no se trataba de violentar la independencia del Ministerio Público, y afirmó que no es cierto que los magistrados tengan un fuero especial para no ser investigados.
Al ahondar sobre el tema dijo: “En mi caso personal, se me han violentado los derechos como sospechosa de cometer un hecho delictivo y ahora se viene a decir a la prensa que cuando se hacen investigaciones donde se ignora quién es (el imputado) se puede hacer rastreos para determinar quién es. No, señores, en este caso específico sí se tenía determinado quiénes eran y que el hecho ya se había dado. De manera que cualquier rastreo o cualquier acto procesal que se hubiera tenido que realizar con motivo de esa investigación, se podía realizar respetando los derechos. Ese es el único cuestionamiento que nosotros hemos hecho”.
Advirtió que no va a permitir tampoco que se haga creer que quienes denunciaron un hecho “que nos parece alejado de la Ley y de la Constitución, estamos sustentando la tesis de que el Ministerio Público no tiene independencia. Eso nunca lo hemos dicho nosotros los que hemos intervenido en esta causa”.
Fue el magistrado Ernesto Jinesta quien solicitó la anulación absoluta del acuerdo anterior de la Corte, al fundamentar que la Ley Orgánica del Ministerio Público es totalmente clara en el sentido de que ninguna autoridad administrativa puede, directa o indirectamente, influir o interferir en las actuaciones del jerarca del Ministerio Público.
Además, consideró que la Ley General de Administración Pública establece que el Ministerio Público, al ser un órgano desconcentrado, está plenamente sustraído de las órdenes, instrucciones o circulares de quien en apariencia es su superior, en este caso la Corte Plena.Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
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