Dialéctica
Torpeza en Cuesta de Moras
Dialéctica
Torpeza en Cuesta de Moras
Juan Manuel Villasuso
El inicio de la actual legislatura ha sido muy torpe, aunque admito que ese calificativo es indulgente porque otros más fuertes como desvergonzado, indecente, inmoral e indigno han sido utilizados en estos días ante la pretensión de un grupo de diputados de duplicarse el salario como primer acto legislativo.
Esos severos y crudos epítetos son entendibles. Legislar en beneficio propio no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Con mayor razón si quienes aceptaron la candidatura para una curul conocían, al momento de la nominación, el sueldo que iban a devengar.
Sin embargo, debe reconocerse que este tema de la remuneración de los diputados requiere discusión para que se resuelva de manera definitiva, de tal suerte que la penosa situación que vivimos, que pone en entredicho a los legisladores, no se repita en el futuro.
En ese sentido, hay dos interrogantes fundamentales que tienen que resolverse: ¿cuánto debe ganar un parlamentario y quien debe establecer la remuneración?
••
Como respuesta a esas preguntas hay que resaltar que los diputados son electos por los ciudadanos para actuar como sus representantes en el congreso. En consecuencia, parece sensato aseverar que esas personas son investidas y contratadas por el pueblo; por lo que deberían ser los electores los que fijaran la remuneración de sus subordinados. Igual razonamiento aplica al caso del Presidente de la República o los alcaldes, que también son escogidos directamente por la vía del sufragio popular.
Situación diferente es la de los ministros, jerarcas de instituciones descentralizadas y miembros del cuerpo diplomático, cuyo nombramiento depende del Poder Ejecutivo y es éste el que debe tener la potestad de fijar el salario de quienes acredite en esos cargos.
Pero, ¿cuánto deben ganar estos servidores públicos elegidos por el voto ciudadano? Los criterios pueden ser diversos y eminentemente subjetivos. Dependerá, en última instancia, de la valoración que se haga del trabajo que realizan, de la responsabilidad que asumen o del desempeño en sus labores. Podría también hacerse en términos comparativos con otros puestos de rango equivalente o relacionándolo con el salario mínimo.
En todo caso, similar a lo que ocurre con la contratación de un empleado, el patrono (ciudadanos) establece el monto a pagar y el trabajador (político aspirante) decidirá si acepta o no el puesto. La oferta salarial variará en función del número y calificación de los concursantes; más alta si hay pocos, menor si hay muchos.
••
Esta fórmula, sustentada en los principios del mercado, me imagino que será del agrado de mis colegas neo y liberales. Debo aclarar, sin embargo, que en este caso el mecanismo funciona porque se trata del régimen democrático en que todos los votantes son iguales (un voto por persona), pero no es aplicable al mundo económico donde los más ricos tienen más papeletas que los pobres.
Falta por determinar, desde luego, la forma en que el conjunto de ciudadanos fijaría la remuneración. Este asunto, que debe precisarse antes de la aceptación de las candidaturas, no es problema en estos tiempos en que la tecnología permite amplias oportunidades de participación y de interacción. El Tribunal Supremo de Elecciones, previo al proceso electoral, consultaría a los ciudadanos por Internet y calcularía un promedio de los sueldos sugeridos. Asunto resuelto.
Pero me surge una duda: ¿requerirá este novedoso procedimiento alguna reforma legal que exija aprobación de los diputados?
Tomado del periódico Diario Extra de Costa Rica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario