Setena ordena frenar construcción de acueducto privado
Pobladores ganan pulso por agua potable de Sardinal
Secretaría Técnica admite falta de estudios sobre capacidad hídrica
AyA alega que tendrá dificultades para abastecer a desarrollos turísticos
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Nayuribe Vargasy Jairo Villegas S. jvillegas@nacion.com 10:32 p.m. 21/05/2010
Tras más de dos años de protestas, gritos, empujones y hasta la retención de un presidente ejecutivo del AyA, los vecinos de Carrillo, Guanacaste, ganaron el pulso contra un grupo de desarrolladores turísticos que construye un acueducto en esa zona.
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La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) admitió la carencia de estudios que demuestren que la ampliación del acueducto El Coco-Ocotal, ubicado en la comunidad de Sardinal, no afectará el suministro comunal de agua.
El acueducto se iba a ampliar para llevar líquido a diversos desarrollos turísticos e inmobiliarios construidos en las playas El Coco y Ocotal, en Carrillo.
Para ello, empresas privadas crearon un fideicomiso por $7 millones (¢3.773 millones). Una vez hecho el acueducto, pasaría a propiedad del Estado.
Sin embargo, los vecinos temen que el líquido no alcance para todos y se produzca desabastecimiento en sus comunidades.
El caso llegó hasta la Sala Constitucional. El 14 de enero del 2009 los magistrados ordenaron anular el estudio de viabilidad ambiental del proyecto.
En el voto 262-2009 concluyeron que “se acredita que las obras del proyecto de acueducto dieron inicio careciendo de la viabilidad ambiental correspondiente.
“Viabilidad ambiental que debió acordar Setena con base en una evaluación del impacto ambiental y no con base en una declaración jurada de compromisos ambientales”, indica el fallo.
La notificación del voto completo llegó a la Setena el pasado 14 de mayo.
Una vez recibido el documento, la Secretaría le ordenó, el pasado jueves, a la Municipalidad de Carrillo detener la construcción de ese acueducto.
Orden. Sonia Espinoza, directora general de Setena, admitió ayer que el voto es contundente.
“La Sala es puntual en lo que dice. Si la Sala lo que ordena es anular la viabilidad ambiental, el proyecto no puede estar trabajando.
“De acuerdo con la ley orgánica del ambiente, todas las actividades, obras o proyectos requieren, previo al inicio de las actividades, una evaluación de impacto ambiental”, enfatizó Espinoza.
No obstante, Carlos Cantillo, alcalde de Carrillo, aseguró ayer que aún no conoce la orden de Setena.
“La Municipalidad otorgó los permisos pero la Setena tiene la posibilidad de paralizar las obras”, reconoció Cantillo.
Por su parte, José Antonio Muñoz, representante legal de los desarrolladores que financian el proyecto, dijo que no se referirán al tema. Tampoco aclaró si realizaron trabajos durante los 16 meses que la Sala tardó en redactar su voto.
Eduardo Lezama, subgerente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), advirtió que la paralización de los trabajos impedirá satisfacer la demanda de agua de los desarrollos turísticos en Carrillo.
Sostuvo que muchas de esas inversiones se efectuaron bajo la creencia de que contarían con agua suficiente para sus proyectos.
“No podremos suministrar agua a los distintos desarrollos. La comunidad tiene agua, los desarrollos conformados a la luz del fideicomiso, no ”, dijo.
Gadi Amit, vicepresidente de la Asociación Confraternidad Guanacasteca, dijo que están opuestos a un desarrollo no planificado.
Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
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