EDITORIAL
Petrocaribe y las urnas
Daniel Ortega tiene garantizada la reelección por una cadena de maniobras cuyo último eslabón es la compra de conciencias y voluntades
El Frente Sandinista orienta el gasto de la ayuda venezolana de conformidad con sus intereses electorales
11:01 a.m. 01/08/2011
Petrocaribe, el programa de ayuda del Gobierno del presidente Hugo Chávez a las naciones afines, asoma como una fuerza decisiva en las elecciones presidenciales de Nicaragua, a celebrarse en noviembre. El plan venezolano, diseñado para paliar el alto costo de la factura petrolera en países de Latinoamérica y el Caribe, deja en suelo nicaraguense cientos de millones de dólares cuyo destino debería ser el desarrollo.
Los descuentos de la factura petrolera han puesto en manos del Gobierno $1.500 millones entre el 2007 y el primer trimestre del 2011. El uso de ese dinero no está sometido a los controles usuales en la administración pública moderna. En consecuencia, los gobernantes se comportan con esos recursos como si no fueran del Estado, sino del partido del presidente Daniel Ortega, quien pretende la reelección.
El Frente Sandinista orienta el gasto de los fondos de conformidad con sus intereses electorales y Ortega, con el mayor desparpajo, estructuró un Consejo Nacional Electoral del Frente Sandinista con participación de los ministros de Hacienda, Salud y Trabajo, directores de instituciones públicas, diputados y alcaldes sandinistas, asesores presidenciales y miembros de las organizaciones de base del partido. Esa estructura canaliza los fondos venezolanos hacia los votantes, no sin hacerles ver que la ayuda es fruto de la generosidad del partido y su candidato.
Ortega, pues, tiene garantizada la reelección por una cadena de cuestionables maniobras cuyo último eslabón es la compra de conciencias y voluntades mediante el dinero acumulado en las arcas del Gobierno, es decir, en las arcas del Frente Sandinista. La primera maniobra sirvió para montarlo en el poder y se dio en vísperas de las últimas elecciones nacionales. Fue un pacto con el ex presidente Arnoldo Alemán para rebajar el porcentaje de votos necesario para ser elegido en primera ronda. Ese arreglo y la proverbial división de la oposición en Nicaragua dio el triunfo a Ortega, y, a partir de ahí, todo ha sido trabajar para no ser derrotado en noviembre del 2011.
Las fraudulentas elecciones municipales del 2008, repudiadas en todo el mundo y causantes de la suspensión de ayudas extranjeras, fueron otro paso en dirección a consolidar el poder. La ayuda venezolana, desde luego, no estuvo entre las retenidas y compensó sin problemas las limitaciones impuestas por los países donde el fraude fue tomado en serio.
En el 2009, una sentencia dictada en exclusiva presencia de magistrados sandinistas derogó la prohibición de la reelección presidencial sucesiva y dejó sin efecto la norma constitucional que limitaba el número de mandatos a dos. En enero del 2010, Ortega confirmó, por decreto, el nombramiento de 25 altos funcionarios, entre ellos magistrados del Consejo Supremo Electoral cuya permanencia en el cargo debió ser votada por el Congreso. Una vez más, la Corte Suprema de Justicia dio su consentimiento al abuso y la distorsión del derecho. El influjo de Ortega sobre el Consejo Supremo Electoral, conocido desde mucho antes, quedó completamente consolidado.
Ahora, el Gobierno venezolano pone en manos de los sandinistas una nueva piñata cuyas golosinas serán compartidas con la población para ganar votos.
Es un triste destino para dineros del pueblo venezolano, que bastante necesitado está de ellos. También es un triste destino para dineros donados al pueblo nicaraguense, tan urgido de una sensata administración de los bienes públicos.
Para Costa Rica, el episodio es un recordatorio de los verdaderos fines de Petrocaribe, a cuyas filas un día pretendimos sumarnos. Quizá sea obra de la suerte que Venezuela y sus aliados no hayan visto la incorporación de nuestro país con simpatía y nos dejaran haciendo una ridícula antesala. También es buena fortuna contar, en este país, con un diseño estatal en cuyo marco sería imposible el uso discrecional del dinero.
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Tomada del periódico la Nación de Costa Rica.
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