EDITORIAL
Desestímulo al abuso de incapacidades
El pago de incapacidades no es salario, según la Procuraduría. Es un subsidio y, como tal, no cuenta para calcular aguinaldo, salario escolar, cesantía o pensiones
La Caja Costarricense de Seguro Social ya anunció su disposición a adoptar la medida, como corresponde, pero las protestas sindicales no se han hecho esperar
09:52 a.m. 17/06/2011
El 31 de mayo, la Procuraduría General de la República dictaminó, con acierto, que el pago de incapacidades no debe considerarse salario. Es un subsidio y, como tal, no cuenta a la hora de calcular aguinaldo, salario escolar, cesantía o pensiones. El subsidio tampoco se ve afectado por las cargas sociales o el impuesto al salario.
La Caja Costarricense de Seguro Social ya anunció su disposición a adoptar la medida, como corresponde, pero las protestas sindicales no se han hecho esperar. La Caja reina entre las instituciones donde existe abuso del beneficio y su disfrute se hará menos atractivo si afecta los ingresos descritos, aunque los empleados de la institución reciben un subsidio que les ofrece el equivalente al 100% del salario, el cual solo disminuye al 60% cuando el trabajador cumple un año de licencia.
Esa es, precisamente, la intención de la Caja: disminuir el atractivo de un beneficio que hoy pesa excesivamente sobre las finanzas institucionales. Estudios de años recientes demuestran que en la Caja, donde laboran los médicos autorizados para conceder permisos por enfermedad, los empleados se incapacitan en proporción de 3.474 por cada mil, casi 3,5 veces al año cada uno.
El número de incapacidades habidas en el sector privado es cinco veces menor, con solo 683 por cada mil empleados, pero la Caja también saca ventaja considerable al resto del sector público en cuanto a la cantidad y duración de esos beneficios.
Según los dirigentes sindicales, los trabajadores de la institución están más expuestos al riesgo de contraer enfermedades, dada su proximidad con los pacientes. El argumento suena hueco, porque en el sector privado abundan las ocupaciones riesgosas, incluidas muchas del agro, la industria y la construcción, para no mencionar la existencia de un bien desarrollado sector de la salud privada.
En un editorial anterior sobre el tema propusimos, precisamente, hacer un estudio comparativo de las incapacidades otorgadas a los trabajadores de la salud privada y a los de la Caja, porque ya existen hospitales particulares comparables. Eso sin considerar que no todos los empleados de la institución estatal están en contacto con los pacientes.
El estudio podría zanjar el debate con los sindicalistas y centrar la atención sobre explicaciones más plausibles, como la existencia de un cuadro perfecto de incentivos para el abuso. Los médicos autorizados para otorgar el beneficio siempre están cerca, los ingresos del incapacitado no sufren, a no ser que la licencia se extienda más de un año y, hasta ahora, todo cuenta para engrosar el cálculo de los beneficios laborales basados en el salario.
La Caja conoce esa realidad. Por eso, hace unos seis meses, anunció la elaboración de nuevos reglamentos destinados a aumentar el control, evitar los abusos e identificar a los médicos más proclives a conceder permisos. La idea incluía el propósito de responsabilizar a los directores de centros médicos por la corrección del diagnóstico y el apego a los procedimientos.
Conocido el criterio de la Procuraduría, la Caja de nuevo reconoce la existencia de abusos cuando anuncia la aplicación del dictamen como medio para poner “orden en la casa”. El orden se hace particularmente necesario ahora que las finanzas de la institución atraviesan momentos difíciles.
El criterio de la Procuraduría se fundamenta en un claro razonamiento jurídico y no deja mucho espacio para la discusión. Por eso, la amenaza de una futura huelga, ya esbozada en las primeras reacciones sindicales, no debe intimidar a la institución. Sería una huelga contra la ley y la razón, en beneficio de privilegios no disfrutados por el resto de la población, pero financiados por cada cotizante del sistema de seguridad social.
En buena hora adoptó la junta directiva de la Caja la decisión de aplicar con prontitud el criterio de la Procuraduría, que debe extenderse más allá de la Caja a otras instituciones del sector público donde las incapacidades, en general, superan en proporción de dos a uno las concedidas en el sector privado.Tomado del periódico la Nación de Costa Rica.
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