• Por rastreo telefónico a magistrados y diputada Gloria Bejarano
CORTE PLENA ORDENA DE NUEVO INVESTIGAR AL FISCAL GENERAL
• Por rastreo telefónico a magistrados y diputada Gloria Bejarano
CORTE PLENA ORDENA DE NUEVO INVESTIGAR AL FISCAL GENERAL
MARCO LEANDRO
mleandro@diarioextra.com
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Jorge Chavarría, fiscal general de la República, vuelve a estar en el ojo de la tormenta por las críticas en Corte Plena, donde los magistrados ordenaron una investigación en su contra. |
De nuevo la discusión en la Corte Plena en relación con el fiscal general Jorge Chavarría está que arde y nuevamente los magistrados resolvieron en su última sesión iniciar una investigación.
La noticia circuló ayer como pólvora en corrillos del Poder Judicial y los principales bufetes, sin embargo el acuerdo no quedará en firme hasta la próxima semana, cuando se ratifique el acta y sea de carácter público.
Ayer trascendió que los ánimos han estado muy encendidos en la Corte Plena y algunos magistrados hasta dan por un hecho que Chavarría debe tomarse unas largas vacaciones mientras se aclaran los nublados del día.
Se conoció que hace un par de meses, cuando estaban por votarse en la Sala Tercera la casación del proceso ICE-Alcatel, se daba por un hecho que la diputada Gloria Bejarano conversó con algunos magistrados para lograr la absolutoria de su marido, el expresidente Rafael Ángel Calderón.
Algunos hasta llegaron a asegurar que había tráfico de influencias para conseguir la impunidad del exmandatario. Ante estas sospechas la Fiscalía inició una investigación de oficio para determinar la veracidad de esas afirmaciones.
RASTREO DE LLAMADAS A BEJARANO
Para eso una fiscal designada por Chavarría ordenó un rastreo de las llamadas telefónicas de Bejarano. De esta forma, con la orden emitida por la funcionaria el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le entregó el listado de los números telefónicos a los cuales llamó la diputada en el periodo investigado.
Para hacer el cotejo, la propia fiscal pidió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) le hiciera una lista de los números de teléfonos públicos de los cinco magistrados de la Sala Tercera.
Con las dos listas cotejó para ver si Bejarano llamó a alguno de los magistrados, lo que podría ser un indicio de tráfico de influencias. Si fuera positivo tendría que haber solicitado a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad, ya sea contra la diputada y los magistrados.
Sin embargo en el cotejo la fiscal no encontró ningún cruce de llamadas, por lo que todas las acusaciones y sospechas eran falsas, y podría ser una sacada de clavo de alguna persona malintencionada o una “cama” política.
Ante esto la fiscal dio por cerrada la investigación y se archivó el caso, en el cual nunca se particularizó ningún imputado sino que se hizo contra ignorado, como se dice en la jerga judicial. Aunque el caso se manejó con la más estricta confidencialidad, los detalles llegaron hasta los magistrados de la Corte Plena, quienes se molestaron mucho por estar siendo investigados por la Fiscalía, que es un órgano de ese Poder Poder de la República.
MAGISTRADOS ENOJADOS
El enojo de los magistrados fue tal que no les alcanzó una sesión de la semana pasada sino que continuaron con la de este martes, cuando por fin acordaron pedir a Inspección Judicial comenzar una exhaustiva investigación al respecto.
Los más molestos son tres de los cinco magistrados de la Sala Tercera: Magda Pereira Villalobos, Carlos Chinchilla Sandí y Doris Arias Madrigal. A ellos se sumaron Zarela Villanueva y Fernando Cruz Castro.
Se conoció que la molestia de Pereira es que en el listado de teléfonos que le entregó el OIJ a la Fiscalía para determinar el cruce de llamadas están las líneas telefónicas personales, con lo que se habría violado su privacidad.
La polémica está en la facultad del Ministerio Público para investigar a los magistrados y diputados que constitucionalmente tienen inmunidad, con la cual no se les puede acusar, procesar, indagar ni detener hasta tanto la Asamblea Legislativa no apruebe el levantamiento de dicho privilegio.
FISCALÍA TIENE ESA FACULTAD
A criterio del abogado Juan Diego Castro, el asunto no es tan complicado por cuanto la Fiscalía está en lo correcto.
“El rastreo de llamadas es una práctica normal para buscar indicios en una investigación, es una de las potestades de la Fiscalía. No hay nada extraño.
La Fiscalía no necesita la orden de un juez para solicitar al ICE esa información, para las escuchas telefónicas sí. Si los fiscales quieren oír las llamadas sí deben pedir al juez que lo ordene, pero tienen que justificarlo muy bien”, explicó Castro.
Cuando DIARIO EXTRA le preguntó si los magistrados y diputados pueden ser investigados por la Fiscalía, Castro es del criterio que sí es posible, pero no los puede procesar y encarcelar hasta que la Asamblea Legislativa no les levante la inmunidad.
Tomado del periódico Diario Extra de Costa Rica.
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