EDITORIAL
Histórica sentencia
Las condenas en el caso Caja-Fischel reafirman nuestra institucionalidad
El mensaje de los jueces es claro: un fuerte revés para la impunidad y un acicate para la honestidad y corrección en los asuntos públicos
La justicia y el sistema político de nuestro país han ganado en solvencia, credibilidad, legitimidad y solidez con el histórico y unánime veredicto emitido el lunes por el Tribunal de Juicio de Goicoechea en el caso Caja-Fischel. La sentencia condenatoria contra el expresidente y candidato presidencial del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), Rafael Ángel Calderón Fournier, y seis de los otros siete procesados –todos, aunque en distinta medida, influyentes personajes en la política, la administración y el mundo empresarial–, es un mensaje severo, pero a la vez refrescante, en contra de la impunidad y a favor de la institucionalidad. Por ello, reanima la confianza en nuestro Estado de Derecho, en la igualdad de los ciudadanos ante la ley y en la democracia como base de organización social y política.
No nos alegra, en su dimensión estrictamente humana, que un grupo de personas pueda ir a la cárcel, a cumplir condenas de entre tres años y seis meses y cinco años; tampoco, que deban dedicar parte de su patrimonio a resarcir daños causados a la colectividad. Además, ante la ausencia de los considerandos de la sentencia, no poseemos elementos de juicio para emitir criterio sobre la severidad de las penas, y sabemos que el fallo será apelado ante la Sala Tercera (penal) de la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, como ciudadanos de un país democrático nos complace que hechos tan censurables como los probados en juicio, y que redundaron en grave perjuicio para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sus usuarios, el erario nacional y, especialmente, la honestidad elemental que debe regir los asuntos públicos, reciban castigo.
Cuando serios delitos de indudable impacto social, principalmente el peculado, han tenido como protagonistas a personas que, por sus cargos o investidura, deberían servir de buen ejemplo para el resto de los costarricenses, el respeto hacia la ley es particularmente importante. Tal como expuso la jueza Teresita Rodríguez, presidenta del Tribunal, al leer la minuta explicativa de la decisión unánime, esta tiene que ver con “hacer cumplir valores y principios de derecho y justicia que el pueblo costarricense ya definió en su Constitución Política como marco de vida”.
El Tribunal llegó a la fundada conclusión de que tanto Calderón Fournier como Eliseo Vargas García, Gerardo Bolaños Alpízar y Juan Carlos Sánchez –entonces presidente ejecutivo, directivo y gerente de modernización de la Caja, respectivamente–, recibieron comisiones ilícitas para que la institución adjudicara a la empresa finlandesa Instrumentarium Medko-Medical una licitación para adquirir equipos médicos por $32 millones, financiados con un crédito del Gobierno de Finlandia. También, concluyeron que esa comisión fue pagada por Walter Reiche, presidente de Corporación Fischel, y Marvin Barrantes, gerente O. Fischel R. y Co., representantes de Instrumentarium; además, que “no quedando satisfechos con la primera comisión”, ampliaron el contrato en $7,5 millones, pagados directamente por la Caja, por el cual recibieron una segunda comisión.
Contrario a la versión de Calderón Fournier, quien insistió en que sus ingresos eran producto de una “asesoría” jurídica y política, el Tribunal consideró demostrado que esos dineros fueron “producto de las comisiones ilícitas por la adjudicación y la ampliación del contrato” y que, según la prueba aportada por el Ministerio Público, “siguieron la misma ruta que el dinero recibido por los sentenciados Vargas García, Bolaños Alpízar y Sánchez Arguedas”.
Se trató, en síntesis, de una conspiración para, virtualmente, asaltar las finanzas de la Caja. Y la estrategia fue posible, según la minuta, porque “parte de una cúpula de un partido político importante (…) se organizó en puestos ejecutivos estratégicos para que las condiciones se dieran para el recibo de las comisiones”. El impacto sobre ese partido (el PUSC) ya ha sido muy severo, y con razón. Pero lo será aún más: deberá escoger un sustituto de la candidatura presidencial de Calderón Fournier–quien ayer anunció su retiro– a 17 días de que venza el plazo para hacerlo, y tendrá que explicar al electorado por qué, en lugar de hacer desde mucho tiempo atrás, un esfuerzo de renovación y depuración, se convirtió en una herramienta personal del expresidente hoy condenado, al punto de llegar a reformar los estatutos para que pudiera ser su candidato.
Cuando se dé a conocer el texto completo de la sentencia, el 3 de noviembre, habrá más elementos de juicio para comprender su sustento y ponderar la índole de las condenas. Por lo pronto, el mensaje es claro, depurador y esperanzador: un fuerte revés para la impunidad y un acicate para la honestidad y corrección en los asuntos públicos. Es decir, un estimulante impulso a la legalidad bien entendida como sustento de la vida democrática.
Tomado del periódico La Nación de Costa Rica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario