| Una absolutoria que se basa en el argumento equivocado |  |  |
| Viernes 23 de Octubre de 2009 06:37 |
EDITORIAL La ministra de Seguridad Pública, Janina Del Vecchio, llegó a la conclusión de que su viceministro Oldemar Madrigal no había cometido ninguna irregularidad en el caso del uso de una aeronave de la Fuerza Pública, por parte de la diputada Maureen Ballestero. Y la misma ministra aduce, como su mejor argumento, que el funcionario ni siquiera sabía cuál era el motivo del viaje de la legisladora. Esa resolución es simplemente vergonzosa, y denota la falta de seriedad de la investigación que se realizó en el Ministerio de Seguridad Pública. No se puede ni debe plantear el asunto de otra manera. No es serio que la ministra trate de justificar su desaguisado de resolución bajo el criterio de que el viceministro ni siquiera sabía qué uso se le daría a la aeronave. Se supone, en buena lógica, que el viceministro Madrigal debería tener el cuidado de consultar para qué se le pide una aeronave, que no es suya personal, sino del Estado, cada vez que recibe una solicitud para un viaje. Y de inmediato, debería evaluar si las razones que se le dan están justificadas o no para el caso. Obviamente, este trámite no se hizo. Y ahora queda en evidencia que se autorizan usos de aeronaves según quién las pida sin importar para qué las pida. Está claro que este elemento no fue valorado por la ministra, a pesar que asegura haber realizado una investigación sobre los hechos. La cosa pública no se puede tomar con ese nivel de desprecio por parte de quienes se supone deben velar por los intereses de todos. Porque dejan la sensación de que, en realidad, velan por los intereses solo de algunos. Y este asunto tiene su trascendencia, porque ya en el pasado habíamos anotado cómo los criterios éticos que se supone defiende el Gobierno, eran un tanto elástico, de manera que se encogían o se estiraban según fuese quien estuviera involucrado en el escándalo de turno. Así, se han dado separaciones y apoyos que rozan en los extremos, situación que no sería la misma si los criterios de valoración fuesen consecuentes. Y algunos funcionarios han tenido que salir del Gobierno por verdaderas pequeñeces, mientras otros se quedan por encima de cualquier cosa. Pasó algo similar con el famoso almuerzo que celebraron las autoridades del sector Vivienda para evaluar el Programa de Erradicación de Tugurios. La ministra rectora, Clara Zomer, no tuvo la visión para entender que había una enorme contradicción entre la tarea a realizar y la forma en que se decidió realizarla, con un costo inaceptable para la ciudadanía. Pero a ella, se le toleró, mientras a su antecesor se le señaló por haber transferido fondos de un programa a otro. Ese tipo de acomodos son los que no están bien. El incumplimiento de deberes, así como la toma de decisiones inapropiadas, deben valorarse sobre bases similares, de manera que todos, funcionarios y población, sepamos a qué atenernos. Y cuando se argumenta desde el Ministerio de Seguridad Pública que una diputada puede, por el simple hecho de ser diputada, solicitar una aeronave propiedad del Estado, con todo y piloto, para realizar una gira sin ofrecer mayores detalles al respecto, se está incurriendo en esa conducta que al pueblo no le gusta. Lo que es propio, hay que cuidarlo. Pero lo que es ajeno debe ser cuidado el doble. Ese es el pensamiento que rige a nuestro pueblo, pero que en definitiva no aplican algunas de las principales autoridades del Gobierno, como se aprecia en el caso que nos ocupa. Es de esperar que la Comisión de Ética instaurada por el Poder Ejecutivo pueda revertir lo dictado por la ministra de Seguridad Pública, y revisar la actuación del viceministro Madrigal. Es urgente que se avance en esa línea, de manera que pueda quedar algún grado de esperanza en la rectitud con que se manejan los asuntos públicos. Lo contrario comprometería seriamente al Gobierno, a pesar de que la presente administración está ya en la recta final de su gestión. Al margen, algunos han tratado de defender a Madrigal calificándolo de ingenuo. Eso es absurdo. Pero si se admite como argumento, entonces sería bueno entender que no conviene al país tener un funcionario de ese nivel que sea tan ingenuo. Tomado del periódico la Prensa Libre de Costa Rica. |
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