El acuerdo suscrito para restablecer el orden constitucional e institucional en Honduras, y para darle una salida pacífica y negociada a la crisis política creada por el golpe de Estado militar del 28 de junio, es aplaudido por la casi totalidad del pueblo hondureño y por la comunidad internacional que jugó un decidido papel para conseguir esta victoria democrática.
En el ámbito internacional, y especialmente en la OEA, las Naciones Unidas y el Gobierno de Estados Unidos, la firma del Acuerdo Tegucigalpa/San José es un hecho “histórico”, sin precedente en el continente americano, en virtud de ser la primera vez que se revierte un golpe de Estado mediante la resistencia pacífica del pueblo y la negociación, en este caso respaldada por la comunidad mundial y sus organizaciones, lo mismo que por los Estados en forma individual.
La trascendencia y dimensión del Acuerdo Tegucigalpa/San José es, por lo tanto, global, aunque con mayor índice continental. De cumplirse a cabalidad, se convierte en paradigma de solución en situaciones de crisis política, pero sobre todo en disuasivo contra el uso de la fuerza militar o de la élite del poder para desconocer la voluntad nacional y los gobiernos democráticamente electos.
El mundo entero ha seguido con increíble atención, día a día, la tragedia política de Honduras y los esfuerzos encaminados para superarla con el diálogo, con un despliegue diplomático extraordinario por parte de la OEA, la ONU, la Unión Europea, UNASUR, la ALBA, y, en el ámbito continental, de países como Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, México, y Venezuela.
Esa misma atención se centra ahora en el cumplimiento del acuerdo, cuya base es la restitución del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales en el Poder Ejecutivo como líder de un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. La parte toral del proceso de restitución corresponde al congreso nacional con la finalidad así indicada, y de ello depende la estabilidad política, económica y social de nuestro país, además de la integridad y normal desarrollo de las elecciones generales del 29 del mes siguiente.
A este respecto, merece atenta consideración lo expresado por el senador John Kerry (D), presidente del Comité de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos: “El acuerdo prevé un cronograma para las elecciones del 29 de noviembre, pero el triunfo depende de un riguroso monitoreo internacional de la implementación del Acuerdo”.
Por su parte, la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, resalta: “Estaremos esperando por las elecciones que se llevarán a cabo el 29 de noviembre y trabajaremos con el pueblo y gobierno de Honduras para llevar a cabo el pleno regreso de la democracia para un mejor futuro para el pueblo hondureño”.
Asimismo, la terminación del aislamiento político y económico de nuestro país con el resto del mundo habrá de producirse cuando la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas permitan a Honduras reanudar su participación en estos organismos, una vez que el congreso nacional decida lo pertinente en base al Acuerdo y al espíritu de San José, magistralmente elaborado por el presidente Oscar Arias, de Costa Rica.
Abierto el camino para el retorno al Estado de derecho y para la reconciliación nacional, la nación hondureña ha entrado en una nueva etapa, ciertamente histórica, de maduración política y de conciencia ciudadana. Eso lo comprueba el formidable arrojo popular en defensa de la constitucionalidad y de sacrificada lucha por el desarrollo democrático, concretado en el más significativo movimiento organizado de resistencia nacional de que se tenga memoria en Honduras.
Tomado del periódico El Tiempo de Honduras.
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